Generales del Ejército y la Policía denunciaron presuntas presiones para frenar operaciones contra narcotráfico y minería ilegal en Antioquia, señalando a la senadora Isabel Cristina Zuleta.

Graves denuncias realizadas por altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares pusieron en el centro de la controversia a la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por una presunta interferencia en operaciones e investigaciones dirigidas contra estructuras criminales en Antioquia. Según testimonios de cinco generales en servicio y tres en retiro, la congresista y personas de su entorno habrían ejercido presiones para frenar procedimientos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios.

Las denuncias, reveladas por la revista Semana, señalan que los oficiales recibieron llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y contactos directos de la senadora Zuleta, de su hermana Lina Zuleta y de asesores cercanos como Johan Edisson Giraldo. Los hechos habrían ocurrido en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y varios puntos del Valle de Aburrá, donde se adelantaban operativos contra disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras estructuras armadas ilegales.

Uno de los episodios más delicados habría ocurrido el 17 de julio de 2023 en Ituango, municipio natal de la senadora. Mientras tropas del Ejército sostenían combates contra los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, Zuleta se habría comunicado con un oficial para solicitar que se detuviera el enfrentamiento, bajo el argumento de que se trataba de “mineros”. De acuerdo con el testimonio de un general, los hombres a los que se enfrentaba la tropa estaban armados, uniformados y contaban con menores de edad en sus filas. En ese combate murieron dos soldados.

Durante ese mismo episodio, el asesor Johan Edisson Giraldo habría contactado a un general a través de mensajes de WhatsApp para advertir sobre la persecución de personas identificadas como Saúl Valencia, Tobías Valencia y una mujer llamada Marcela, a quienes señalaban como mineros atrapados en el enfrentamiento. En uno de los mensajes conocidos se solicitaba explícitamente que no se cometiera “una equivocación” con esas personas y se preguntaba cómo evitar que fueran afectadas por la operación militar.

Las denuncias también incluyen cuestionamientos reiterados de la senadora Zuleta a operativos contra la minería ilegal en el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, regiones donde operan el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN. Tras un procedimiento de incautación de dragas en Amalfi, la congresista criticó duramente a la Policía y manifestó su inconformidad en reuniones oficiales cuando se vinculó judicialmente a la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

Un oficial en servicio afirmó que la senadora defendía de manera constante la actividad minera, pese a la existencia de pruebas que relacionaban a algunos de estos actores con organizaciones criminales. Según los testimonios, tanto Zuleta como su hermana habrían cuestionado el accionar militar en Briceño, señalando que la fuerza pública se enfocaba principalmente en el Clan del Golfo y no en las disidencias ni en el ELN.

Las tensiones también habrían llegado a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Zuleta, quien actúa como coordinadora de los diálogos de la política de “paz total” en la cárcel La Paz de Itagüí, habría contactado a superiores en Bogotá para alertar sobre supuestos montajes judiciales en Medellín que afectarían los procesos de negociación. Según los oficiales, la senadora criticó al brigadier William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, por trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Medellín.

Generales del Ejército indicaron además que la congresista ha visitado batallones para exigir explicaciones sobre operativos militares y que manifestó preocupación por acciones contra estructuras como ‘La Terraza’ y alias ‘Yordi’, al considerar que estas afectaban la mesa de diálogo en Itagüí. Varios de los altos mandos aseguraron haberse sentido presionados y temerosos de ser relevados de sus cargos, dada la supuesta influencia política de la senadora.

Ante la gravedad de los señalamientos, la cúpula militar informó al Ministerio de Defensa y trasladó el caso a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Paralelamente, Zuleta enfrenta denuncias interpuestas por la senadora Paola Holguín y el concejal de Medellín Andrés Tobón por presuntos delitos como abuso de función pública, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. El Consejo de Estado, además, adelanta un proceso que podría derivar en la pérdida de su investidura, aunque hasta ahora no existe una imputación formal ni una decisión de fondo en su contra.

La senadora respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales, señalando que las críticas obedecen a su labor de control político y a sus reclamos frente a lo que considera atropellos y estigmatización contra mineros artesanales.