La primera dama volvió a Colombia tras varias semanas en Suecia, en medio de cuestionamientos por su estilo de vida, el origen de sus recursos y una creciente presión mediática y judicial.

Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, regresó a Colombia luego de varias semanas en Estocolmo, capital de Suecia, donde su presencia generó una intensa polémica mediática tanto a nivel nacional como internacional. Su retorno se produjo tras una serie de publicaciones del diario sueco Expressen, que documentaron su participación en eventos exclusivos, clubes privados y espacios asociados a la élite económica del país nórdico.

Durante su estadía en Europa, Alcocer fue vista frecuentando zonas como Stureplan, restaurantes de alto nivel y encuentros sociales con empresarios y figuras influyentes. Las imágenes y testimonios divulgados provocaron cuestionamientos sobre el origen de los recursos que le permitieron sostener ese estilo de vida, especialmente después de que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) confirmara que la primera dama no recibe salario, no tiene derecho a viáticos y no maneja recursos públicos.

El DAPRE respondió a derechos de petición señalando que la figura de “primera dama” o “gestora social” no constituye un cargo público ni hace parte de la estructura administrativa del Estado. Según la Presidencia, las actividades de Alcocer se limitan a tareas protocolarias y sociales en su condición de cónyuge del jefe de Estado, razón por la cual no existe obligación de rendir cuentas sobre gastos, viajes o estancias en el exterior.

No obstante, la controversia se profundizó debido a que Alcocer ha participado en actos de carácter diplomático y representativo del Gobierno colombiano. Entre ellos se cuentan reuniones con primeras damas de otros países, su presencia en los Juegos Olímpicos de París en 2024 y su participación en eventos internacionales vinculados a temas de género, cultura y cooperación, lo que ha generado críticas sobre una posible diplomacia paralela sin control institucional.

“El Gestor Social o Primera Dama no desempeña un cargo público, no tiene funciones administrativas propias, ni responsabilidad directa sobre recursos o decisiones estatales”, reiteró oficialmente el Departamento Administrativo de la Presidencia, en medio del debate por la falta de claridad sobre el rol real de Verónica Alcocer dentro del Gobierno Petro.