Un contrato por $36.211 millones, adjudicado para la reactivación económica de La Mojana, desencadenó una tormenta política dentro del Fondo de Adaptación por presuntos favorecimientos, retrasos e irregularidades en su ejecución.

El multimillonario contrato conocido como la “ruta del arroz”, firmado por $36.211 millones para dinamizar la economía de La Mojana, se convirtió en el epicentro de una crisis institucional dentro del Fondo de Adaptación. La entidad, históricamente técnica y de bajo perfil, pasó en pocos meses a ser uno de los espacios más disputados dentro del Gobierno debido al volumen de recursos que maneja y al creciente interés político en su control. La salida del entonces gerente encargado, Carlos Carrillo, marcó un punto de inflexión que expuso tensiones internas, cuestionamientos por presuntos favorecimientos y alertas de los organismos de control.

El foco de la controversia se centró en la adjudicación del proyecto a la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana. De acuerdo con documentos internos, el contratista acumuló trece incumplimientos en la fase inicial, impidiendo avanzar en la estructuración técnica. La ausencia de un diagnóstico socioeconómico completo y la falta de evidencia sobre encuentros territoriales obligatorios dejaron al descubierto graves falencias. Además, el enfoque exclusivo en la cadena del arroz, ignorando otros sectores incluidos en la licitación, generó alertas de los interventores, quienes advirtieron que la situación vulneraba la eficacia contractual.

Las presuntas irregularidades se agravaron con la composición misma de la Unión Temporal. La presencia de la Fundación de Educación Superior San José, cuestionada en el pasado por un título exprés otorgado a una exasesora de Armando Benedetti, encendió nuevas alarmas. A ello se suma la participación de Francisco Pareja González, exfórmula electoral del entonces ministro y figura con vínculos políticos en años recientes. Aunque el contratista sostuvo que la información debía solicitarse directamente al Fondo de Adaptación, las dudas sobre posibles influencias externas continuaron creciendo.

Durante la adjudicación ya existían denuncias anónimas que mencionaban a políticos del Caribe y a líderes del Partido de La U que supuestamente respaldaban a los contratistas. Los reportes fueron trasladados a los entes de control, mientras la Procuraduría abrió una indagación preliminar por posible interferencia de la gerencia para favorecer al contratista y bloquear el trabajo del interventor. Las tensiones internas escalaron al punto de que Carrillo asegura haber ordenado el bloqueo de pagos y la declaración de incumplimientos antes de ser removido del cargo.

La controversia se desarrolla en un contexto crítico para el Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro está a ocho meses de finalizar su mandato sin lograr resolver el histórico drama de las inundaciones en La Mojana. Más de $1,12 billones destinados a obras para mitigar los daños por más de veinte años de afectaciones continúan sin traducirse en soluciones concretas para las comunidades, que siguen enfrentando riesgos en su salud, su infraestructura y su economía.