Exmilitares acusaron al general Huertas ante la JEP por presiones para ejecutar civiles y presentar bajas en combate en Granada (2002-2003)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió el 4 de diciembre de 2025, en Granada (Meta), nuevos y graves testimonios que involucraron al general Juan Miguel Huertas Herrera, actual jefe del Comando de Personal del Ejército y suspendido por la Procuraduría, en ejecuciones extrajudiciales cometidas en Antioquia entre 2002 y 2003. Cuarenta exintegrantes de la IV Brigada reconocieron públicamente su participación en asesinatos y desapariciones forzadas, y varios señalaron al entonces capitán Huertas como parte del engranaje que facilitó los falsos positivos en el Batallón de Artillería Nº 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (BAJES).

Edwin Leonardo Toro Ramírez, exsubteniente, relató que Huertas le presionó directamente para asesinar a una persona y presentarla como baja en combate. “El capitán Huertas me insinuó que tenía que matar a alguien. Yo le dije que no. No lo hacía, por más que los soldados me dijeran: ‘Mi teniente, hagámoslo’”, declaró ante los magistrados. Emerson Castañeda, otro compareciente, afirmó que Huertas suministró armas para simular enfrentamientos cuando no había combatientes armados. “Esa arma nos la dio el oficial de operaciones de la época, el capitán Huertas Serrera Juan Miguel. Antes de salir nos dijo que tenía armamento disponible en caso de que diéramos bajas sin que los supuestos enemigos estuvieran armados”, aseguró.

Los militares reiteraron que ya habían mencionado a Huertas en versiones previas, insistiendo en su rol como oficial de operaciones del BAJES, donde firmó órdenes que terminaron en crímenes como el asesinato de Medardo Ángel Galeano Rave y otros tres hombres en la vereda San Cosme de Granada, y el homicidio de Luz Stelly Morales, una adolescente de 16 años presentada como guerrillera tras ser ejecutada en 2003.

La JEP confirmó que evalúa incorporar al general Huertas al macrocaso 03 (subcaso Antioquia), donde ya imputó delitos de lesa humanidad y guerra a 50 militares por 589 víctimas, 228 desaparecidas y 41 torturadas entre 2002 y 2007. De los nueve máximos responsables identificados, Huertas no figuró inicialmente, pero los nuevos testimonios y documentos operativos podrían llevarlo a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para determinar si mantiene beneficios o debe aportar verdad adicional. La audiencia de reconocimiento del 4 al 6 de diciembre en Granada podría citarlo si víctimas o comparecientes lo solicitan.

Este caso se suma al escándalo de infiltración de las disidencias de alias Calarcá, por el que la Procuraduría suspendió a Huertas y a Wilmar Mejía el 27 de noviembre. La coincidencia de señalamientos –falsos positivos en la JEP y nexos con disidencias en la Fiscalía– pone en jaque la reintegración de Huertas ordenada por el presidente Petro en julio de 2025, pese a alertas previas de EE.UU. y la JEP.

Desde una perspectiva crítica, los relatos en Granada no son solo memoria histórica; son el eco de una impunidad que Petro, con su reintegración, pareció legitimar. Huertas, que en 2002-2003 firmaba órdenes letales, hoy dirige ascensos militares mientras la JEP lo escruta. Colombia, con 6.402 falsos positivos según la propia Jurisdicción, no tolera más generales reciclados. La audiencia de diciembre definirá si Huertas declara o calla; el país, si la justicia transicional sirve o solo maquilla.