Procuraduría apartó del cargo al general Juan Miguel Huertas y al directivo de la DNI Wilmar Mejía por filtrar información reservada y proponer empresas fachada a alias Calarcá; suspensión de tres meses prorrogables para evitar entorpecimiento de la investigación

La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión que ni el Ministerio de Defensa ni la Fiscalía se habían atrevido a ejecutar: suspendió de inmediato y por tres meses prorrogables al general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Antonio Mejía Rivera, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia. Con esta medida, el Ministerio Público dejó claro que la permanencia de ambos en cargos de máxima sensibilidad representaba un peligro inminente para la investigación, pues les permitía seguir accediendo a información reservada, alterar pruebas o, peor aún, continuar filtrando datos operativos a las disidencias de alias Calarcá.

La resolución es implacable. Los hechos que se les imputan encajan en faltas disciplinarias gravísimas: fomentar o colaborar con grupos armados al margen de la ley y cometer delitos dolosos contra la administración pública. Entre las conductas reprochadas están la entrega de códigos de frecuencias radiales del Ejército, el intercambio de información sobre movimientos de tropas en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar, y la asesoría para crear empresas de seguridad privada que habrían permitido a las disidencias portar armas legalmente y movilizarse con vehículos blindados del Estado. Todo ello mientras el Gobierno mantenía a Calarcá como “gestor de paz”.

Lo que más indigna al país es el contraste de tiempos. Apenas 48 horas antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había defendido la permanencia de Huertas con el argumento de que “no existían pruebas concluyentes”. La Fiscalía, que lleva más de dieciséis meses con los celulares, tablets y computadores incautados en el retén de Anorí, solo ha logrado identificar a los explosivistas del atentado de Amalfi, pero no ha tocado el núcleo del escándalo: los supuestos pactos entre altos funcionarios y la estructura armada. Y el presidente Gustavo Petro, que en julio de 2025 reintegró a Huertas pese a que Estados Unidos lo había señalado en 2022 y pese a que la JEP lo investiga por falsos positivos, guarda un silencio que ya no puede interpretarse como cautela, sino como complicidad.

La suspensión también desnuda la fragilidad de la “paz total”. Mientras el Gobierno negociaba con Calarcá, este viajaba en camionetas blindadas de la UNP, transportaba menores reclutados, armas y dinero, y recibía información que le permitió crecer un 16 % en siete meses hasta alcanzar 2.802 hombres, según la Fundación Ideas para la Paz. Los archivos revelan que no fue suerte: tuvo ayuda desde dentro.

Wilmar Mejía ya renunció a su curul en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. El licenciado en educación física que llegó a manejar la inteligencia estratégica del país se encuentra ahora sin funciones públicas y bajo investigación penal y disciplinaria. Huertas, por su parte, insiste en que todo es un “montaje”, pero la Procuraduría ya no está dispuesta a esperar explicaciones técnicas.

Esta suspensión es la primera consecuencia real que sufre la cúpula militar e inteligencia por el escándalo de Calarcá. No es el final, sino apenas el comienzo de un proceso que puede terminar con destituciones, inhabilidades perpetuas y condenas penales. Mientras tanto, Colombia observa con estupor cómo quienes debían proteger la seguridad nacional terminaron, según las evidencias irrefutables, fortaleciendo al enemigo. La pregunta ya no es si hubo infiltración, sino hasta dónde llegó y quién más sabía. El país exige respuestas, no más generales protegidos ni inteligencia al servicio del crimen.