Fiscalía acusó a Carlos Ramón González por UNGRD: cohecho, peculado y lavado en sobornos a Name y Calle por $4.000 millones; circular roja de Interpol activa

La Fiscalía General de la Nación radicó el 27 de noviembre de 2025 el escrito de acusación contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ente acusador lo señaló como posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, al considerar que entre septiembre y octubre de 2023 habría impartido instrucciones al exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, para pagar coimas con recursos de la entidad a los entonces presidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, ambos detenidos por el mismo caso.

De acuerdo con la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, González habría ordenado la entrega de $3.000 millones destinados a Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova –bajo medida de aseguramiento–. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez –condenado a 8 años–, trasladó $1.000 millones a Montería (Córdoba) para Calle. Los dineros provenían de un contrato para adquirir 40 carrotanques destinados a transportar agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira durante la sequía del Niño en 2023. «González no solo avaló operaciones, sino que determinó la entrega de recursos y coordinó a los ejecutores», detalló la Fiscalía en el escrito, radicado ante la Corte Suprema por fuero de exministro.

La decisión se conoció 24 horas después de que la Fiscalía anunciara la imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), por concierto para delinquir agravado, interés indebido en contratos y cohecho. Bonilla y Velasco enfrentarán audiencia el 1 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde la Fiscalía pedirá prisión preventiva por «peligro para la sociedad». López, quien confesó el «cónclave» del 27 de noviembre de 2023 en Nariño con Bonilla, Velasco y Jaime Ramírez Cobo para «destrabar» $92.000 millones en proyectos a congresistas, obtuvo principio de oportunidad. Ortiz y Pinilla también colaboraron, detallando el flujo de fondos.

González, prófugo desde mayo de 2025, huyó a Nicaragua –donde obtuvo residencia el 21 de mayo, tras trámites iniciados meses antes con conocimiento del Gobierno colombiano–. La Embajada en Managua gestionó su asilo político en agosto, negando extradición pese a solicitudes de Bogotá. La Fiscalía emitió orden de captura el 4 de julio de 2025, y la Interpol aprobó la circular roja el 22 de septiembre, activa en 196 países para su localización. González, asilado en Managua, enfrenta juicio en ausencia; la Corte Suprema definirá si procede.

El caso UNGRD ya procesó a cinco exfuncionarios: López (principio de oportunidad), Ortiz (aseguramiento domiciliario), González y César Manrique (prófugos). El desfalco, estimado en miles de millones, involucró sobrecostos en carrotanques y sobornos para reformas como la salud y pensiones. Name y Calle, detenidos, enfrentan cargos similares.

Desde una perspectiva crítica, la acusación a González no es cierre; es el hilo que desenreda la mermelada petrista. El exdirector del Dapre, operador clave de Petro, usó UNGRD como chequera para votos, desviando fondos para La Guajira a coimas. Camargo, criticada por lentitud, actúa ahora bajo presión, pero el daño –sequía sin agua, corrupción rampante– es irreparable. Petro, silencioso, ve su «cambio» salpicado: ¿justicia selectiva o pacto roto? Colombia exige no solo juicios; depuración total.