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CNE acusó a Ricardo Roa por irregularidades en campaña Petro 2022: $5.300 millones en topes excedidos y financiación prohibida; Fiscalía investigará
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió el 27 de noviembre de 2025 una sanción histórica contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, determinando que violó los topes electorales en $5.300 millones ($3.700 millones en primera vuelta y $1.600 millones en segunda) y recibió financiación de fuentes prohibidas. Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, fue señalado como responsable directo por autorizar gastos, firmar contratos y aprobar operaciones contables. La resolución del CNE, respaldada por una votación de 6-3, ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles delitos penales, desatando un escándalo que amenaza la permanencia de Roa en la petrolera y la legitimidad del Gobierno Petro.
El CNE impuso a Roa, junto a la tesorera Lucy Aydée Mogollón y la auditora María Lucy Soto, multas por $5.922 millones, de los cuales Roa debe restituir $150 millones al Fondo Nacional de Financiación Política por pagos sin justa causa. Además, Colombia Humana y Unión Patriótica enfrentan sanciones de $583 millones cada una por permitir ingresos no autorizados.
Roa interpuso una tutela el 21 de noviembre de 2025 ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando vulneración al debido proceso por no practicar pruebas como un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El 28 de noviembre, el Tribunal la declaró improcedente, argumentando que Roa tiene recursos ante el Consejo de Estado y que no demostró daño irreparable. Roa anunció un recurso de reposición, insistiendo en X: “La decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder”.
La Fiscalía, tras la compulsa del CNE, abrió una investigación penal contra Roa por tres posibles delitos, regulados en el Código Penal colombiano:
Si la Fiscalía configura un concurso de conductas (múltiples delitos en un mismo hecho), las penas podrían sumarse parcialmente, alcanzando hasta 20 años de prisión en el peor escenario, además de multas millonarias e inhabilidad perpetua. La investigación, liderada por la fiscal María Cristina Patiño, se centrará en:
La sanción del CNE y la investigación penal complican la permanencia de Roa en Ecopetrol, cuya reputación cayó al puesto 17 en el ranking Merco 2025 (15 lugares menos que en 2022). Opositores como Andrés Forero y Juan Espinal (Centro Democrático) exigieron su renuncia: “Es insostenible que alguien bajo investigación penal dirija la empresa más importante del país”. El abogado Germán Calderón pidió a la Procuraduría suspender a Roa por “daños reputacionales y económicos”.
Petro, protegido por fuero presidencial, no fue sancionado directamente, pero el caso fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara, donde enfrenta otra indagación por financiación irregular. El presidente calificó la decisión del CNE como un “golpe de Estado” en octubre de 2024, pero no se ha pronunciado tras el fallo.
Desde una perspectiva crítica, la sanción del CNE expuso no solo a Roa, sino la fragilidad de un gobierno que prometió transparencia. Los $5.300 millones excedidos y $2.109 millones de fuentes prohibidas no son errores contables; son evidencia de un sistema diseñado para ganar a cualquier costo. Roa, el “gran paganini” según Las2Orillas, enfrenta un proceso penal que podría inhabilitarlo de por vida, mientras Ecopetrol paga el precio reputacional. Petro, al sostenerlo, arriesga su narrativa: ¿lucha contra la corrupción o complicidad con ella? Colombia, con un déficit fiscal del 5% del PIB, no puede permitirse más escándalos. La Fiscalía, bajo presión por “lentitud”, debe actuar: justicia, no más excusas.
