La Fiscal Camargo confirmó que archivos incautados a Calarcá en 2024 permitieron identificar explosivistas del Frente 36 responsables del derribo del helicóptero policial en Amalfi que mató 13 uniformados

La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó el 25 de noviembre de 2025 que los dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá en julio de 2024 contuvieron información determinante para esclarecer el atentado contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados muertos el 21 de agosto de 2025. El análisis de celulares, tablets y computadores –parte de una caravana detenida en Santo Domingo (Nordeste antioqueño)– identificó a la red de explosivistas del Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Calarcá, como responsables del derribo mediante drones cargados de explosivos.

Camargo explicó la demora en el procesamiento: «La revisión no fue inmediata debido a los protocolos de custodia de evidencia digital. Ningún funcionario accede directamente; se realiza extracción forense y análisis especializado». El estudio, a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), generó cinco informes voluminosos, el último entregado en junio de 2025. «La fiscal del caso no tuvo la información engavetada; su trabajo permitió avances en un expediente de enorme complejidad», defendió Camargo, ante cuestionamientos por el año transcurrido desde el retén del 23 de julio de 2024.

Los hallazgos derivaron en acciones concretas: la Fiscalía emitió órdenes de captura contra cuatro implicados directos y 28 adicionales, materializando siete contra presuntos integrantes del Frente 36. «La información hallada en los dispositivos ha permitido identificar explosivistas, avanzar en la investigación del atentado y tomar decisiones judiciales», detalló Camargo. El ataque ocurrió en la vereda Los Toros, límites de Amalfi y Anorí, cuando un helicóptero Black Hawk UH-60 de Antinarcóticos brindaba apoyo a erradicación de cultivos ilícitos. El dron impactó el rotor, causando la caída y explosión; ocho murieron en el sitio, cinco en hospitales. El gobernador Andrés Julián R rendón atribuyó el hecho a Calarcá, aliado del ELN, y exigió «articulación nacional». EE.UU. ofreció $5 millones de recompensa.

El caso se enreda con el escándalo de los «archivos de Calarcá», revelados por Caracol el 23 de noviembre: chats y cartas que vinculan a Huertas y Mejía con disidencias, incluyendo planes para empresas fachada. Camargo, criticada por inacción en esos archivos, enfrentó moción de censura, pero defendió: «El material es sensible; priorizamos desmantelamiento». La Procuraduría suspendió a Huertas y Mejía el 27 de noviembre por «conducta gravísima».

Desde una perspectiva crítica, la «lentitud» de Camargo no es técnica; es sistémica. Un año para procesar celulares que identifican terroristas, mientras Calarcá opera con impunidad bajo «paz total». Petro, que reintegró a Huertas pese a falsos positivos, ve su doctrina expuesta: negocia con verdugos de Amalfi (13 tumbas) mientras bombardea rivales. Colombia, con 578 niños reclutados, no aguanta más: ¿justicia o pacto? Los 13 héroes de Amalfi merecen no excusas, sino acción.