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Ministro Sánchez mantuvo a Huertas en el cargo sin pruebas concluyentes; 48 horas después la Procuraduría lo suspendió por nexos con disidencias de Calarcá
El ministro de Defensa Pedro Sánchez compareció ante los medios y fue tajante: el general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército, seguiría en su cargo. “Cuando se compruebe que ha sido culpable con la investigación que se haga, se tomarán las acciones a que haya lugar. Pero en este momento estamos investigando”, afirmó Sánchez, insistiendo en que no había “pruebas concluyentes” y que un retiro anticipado sería prejuzgamiento.
Esa misma frase desató una tormenta política. Opositores, analistas y hasta sectores de la propia Fuerza Pública la interpretaron como protección política a un oficial reintegrado por el presidente Gustavo Petro en julio de 2025, pese a que la JEP lo indagaba por falsos positivos y ahora aparecía en chats de las disidencias de alias Calarcá proponiendo empresas fachada de seguridad y filtrando códigos radiales del Ejército.
El argumento de Sánchez duró exactamente 48 horas.
El jueves 27 de noviembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión provisional inmediata de Huertas y de Wilmar Mejía (directivo de la DNI) por “conducta gravísima”. La decisión, firmada por la procuradora delegada para la Fuerza Pública, se basó en los mismos archivos que el ministro decía que no eran “concluyentes”:
La Procuraduría no esperó más: ordenó retiro de funciones, prohibición de contacto con testigos y revisión de sus comunicaciones. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la suspensión puede durar hasta 3 meses prorrogables y que, de comprobarse los hechos, Huertas enfrentaría destitución e inhabilidad perpetua.
Mientras tanto, la JEP mantiene abierto el expediente de Huertas por falsos positivos en Antioquia (2002-2003), donde firmó órdenes operativas que terminaron en ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la adolescente Luz Stelly Morales (16 años). Su caso está en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y podría ser citado en la audiencia de Granada del 4 al 6 de diciembre.
Conclusión implacable El Gobierno Petro intentó ganar tiempo con el discurso de la “certeza jurídica”. No le alcanzó. La Procuraduría, presionada por la opinión pública y la evidencia irrefutable, actuó donde el Ministerio de Defensa no quiso: suspendió a Huertas y Mejía. Colombia ya no cree en investigaciones eternas. Cuando un general señalado de pactar con terroristas sigue mandando ascensos, la credibilidad de las Fuerzas Militares se derrumba. El silencio de Petro y la tardanza de Sánchez no fueron cautela: fueron complicidad. El país exige respuestas, no más generales protegidos.
