Fiscal Camargo confirmó imputación a exministro Bonilla por UNGRD: audiencia el 1 de diciembre con Velasco por concierto para delinquir y cohecho

La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que la Fiscalía General de la Nación radicó el 26 de noviembre una solicitud de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, investigado por presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La audiencia se programó para el 1 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde Bonilla enfrentará cargos por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Paralelamente, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fue citado a la misma diligencia por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias, en un proceso que involucra a cinco exfuncionarios del Gobierno Petro y un desfalco estimado en miles de millones.

La línea de investigación contra Bonilla se originó a finales de 2023, cuando la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, lo mencionó en relación con tres proyectos en Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca), por $92.000 millones que no se desembolsaron, pero que habrían servido como contraprestación a seis congresistas de comisiones económicas para agilizar cupos indicativos en Hacienda. Según el expediente, Bonilla coordinó estas gestiones a través de su exasesora María Alejandra Benavides y el exasesor Jaime Ramírez Cobo, presionando para autorizar desembolsos millonarios a la UNGRD a cambio de apoyos legislativos. Benavides, quien negoció principio de oportunidad con inmunidad total, se convirtió en testigo clave al detallar cómo Bonilla la utilizó para «destrabar» recursos, sumándose a las declaraciones de Olmedo López, exdirector de UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector condenado.

Camargo resumió el avance: «Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño». La fiscal Patiño, encargada del macrocaso, verificó hechos en terreno desde finales de 2023, corroborando que los proyectos no respondían a emergencias reales, sino a favores políticos. López describió un «cónclave» el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde Bonilla, Velasco y Ramírez Cobo definieron canalizar recursos de UNGRD a congresistas para asegurar votos en empréstitos externos. Velasco, según testimonios, ordenó direccionamiento de contratos por $35.000 millones al senador Julio Elías Chagüi (La U), beneficiario del entramado. Pinilla, condenado a 8 años, confirmó que «cada congresista recibía proyectos específicos a cambio de respaldo en el Congreso».

El Tribunal Superior de Bogotá fijó la audiencia para el 1 de diciembre a las 9:00 a.m., citando a Bonilla, Velasco, sus defensores, la fiscalía, víctimas y el Ministerio Público. La Fiscalía solicitará prisión preventiva, argumentando peligro para la sociedad y riesgo de fuga, con evidencia suficiente para probar el desvío de fondos hacia terceros pactados. Bonilla rechazó señalamientos: «No se trata de maletines con dinero ni comisiones; es persecución política». Velasco, prófugo desde diciembre de 2024, enfrenta captura internacional.

El caso UNGRD ya procesó a cinco exfuncionarios: Olmedo López (principio de oportunidad), Sandra Ortiz (exconsejera para Regiones), Carlos Ramón González y César Manrique (prófugos). López abrió la caja de Pandora al confesar el «cónclave»; Ortiz admitió presiones para contratos. La indagatoria de Patiño, iniciada en 2023, involucró verificaciones en Bogotá y municipios, revelando que los proyectos de $92.000 millones eran ficticios, diseñados para comprar lealtad legislativa.

Desde una perspectiva crítica, esta imputación no es victoria judicial; es el epílogo de un gobierno que prometió cambio pero sembró corrupción. Bonilla, cerebro financiero de Petro, y Velasco, operador político, usaron UNGRD como chequera para votos, desviando recursos para emergencias reales. Camargo, criticada por lentitud, actúa ahora bajo presión pública, pero el daño –miles de millones evaporados en La Guajira– es irreparable. Petro, silencioso, ve su legado salpicado: ¿transparencia o clientelismo? Colombia exige no solo imputaciones; reparación.