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Empresas de hermanos de Verónica Alcocer gestionaron créditos por $8.000 millones y contrato de sucursal por $3.669 millones en Banco Agrario
Una investigación de Mañanas Blu 10:30, publicada el 25 de noviembre de 2025, destapó una serie de operaciones financieras entre empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer –hermanos de la primera dama Verónica Alcocer– y el Banco Agrario, bajo la presidencia de Hernando Chica Zuccardi, cercano a la familia y nombrado por Gustavo Petro en 2022. Entre 2022 y 2025, estas compañías gestionaron solicitudes de crédito por más de $8.000 millones y aseguraron un contrato de arrendamiento por $3.669 millones para una sucursal en Bogotá, desatando críticas por posible tráfico de influencias y desvío de la misión agropecuaria del banco.
El 23 de noviembre de 2022, Andrés Niño Castrillón, entonces jefe de alianzas estratégicas de la vicepresidencia de banca agropecuaria, detalló en un correo un negocio inmobiliario que involucraba a PRAGA Servicios Inmobiliarios S.A. (89,8% de María Teresa Alcocer) y FEMA Reforestaciones S.A.S. (25% de María Teresa y 25% de su esposo, Carlos Gutiérrez). El esquema proponía dos créditos: $4.236 millones para PRAGA y $3.767 millones para FEMA, totalizando $8.003 millones. Los arriendos derivados del proyecto garantizarían pagos mediante una fiducia, pero el plan no avanzó tras alertas de Sarlaft.
El 14 de marzo de 2023, otro correo al área de estructuración de créditos gestionó un préstamo de $5.000 millones para AFORESTAR S.A.S. (90% de FEMA), FEMA y Nelson Eduardo Silva, con plazo de 72 meses y respaldo de Finagro. Este también quedó en pausa por «alto riesgo reputacional». Sin embargo, el sistema Cobis registró un desembolso de $898 millones a ALIADOS Financieros y de Servicios S.A.S. ZOMAC, 100% propiedad de FEMA, según el acta de asamblea de 2023.
Sarlaft, tras revisar antecedentes de los Alcocer –menciones en Panamá Papers, un reportaje de Armando.info sobre Carlos Gutiérrez y Alex Saab, y una columna de Daniel Coronell sobre el proyecto La Conejera–, recomendó no emitir conceptos favorables. Los informes catalogaron a María Teresa y Juan Carlos como Personas Expuestas Políticamente (PEP), exigiendo controles reforzados por riesgo de corrupción, según estándares de LexisNexis Risk Solutions.
En marzo de 2025, Banco Agrario trasladó su sucursal de la calle 100 con carrera 17 a la calle 100 con carrera 49, firmando un contrato de arrendamiento por $3.669 millones a diez años con CENTUM BUSINESS S.A.S., administrado por INALCA Colombia S.A.S. El canon mensual quedó en $30 millones. Según la Cámara de Comercio, Juan Carlos Alcocer preside CENTUM, y PRAGA (95% de María Teresa Alcocer) tiene participación mayoritaria. La sucursal opera en el edificio Centum Business Building, donde PRAGA y FEMA poseen pisos arrendados, integrados al negocio inmobiliario de los créditos.
Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, comparte lazos con Verónica Alcocer: ambos son de Sincelejo, con conexiones familiares a políticos de Sucre y Cesar. Chica, exvicepresidente de ETB bajo Petro en Bogotá, asumió en septiembre de 2022 tras impulso de la primera dama, según Blu Radio. Esta cercanía levantó sospechas sobre tratos preferenciales, aunque Alfredo Gutiérrez Cayón, oficial de cumplimiento de Sarlaft, negó vínculos familiares el 27 de noviembre: «Mi familia es del Guamo, Tolima; aplicamos protocolos PEP estándar».
Aunque los créditos no aprobados no constituyen delito, la gestión de $8.000 millones para negocios inmobiliarios –lejos de la misión agropecuaria del banco– y el contrato de arrendamiento en un edificio de los Alcocer sugieren conflictos de interés. La Contraloría no ha abierto investigación fiscal, pero la Procuraduría evalúa posibles faltas disciplinarias. Petro no se pronunció, pero el escándalo se suma a críticas por Verónica Alcocer, sancionada por la OFAC y señalada por gastos de lujo en Estocolmo.
Desde una perspectiva crítica, este caso no es solo un mal manejo; es el retrato de un gobierno que predica austeridad mientras sus allegados estructuran negocios millonarios con bancos públicos. Chica Zuccardi, protegido de Alcocer, opera como puente de privilegios, y los $898 millones desembolsados a FEMA son solo la punta del iceberg. Colombia, con un déficit fiscal del 5% del PIB, no puede tolerar que el Banco Agrario sea chequera familiar. ¿Sabía Petro? La pregunta quema, pero el silencio responde.
