

Tribunal Superior de Antioquia revocó absolución y condenó a Santiago Uribe Vélez a 28 años por homicidio agravado y concierto para delinquir en caso Los 12 Apóstoles
El Tribunal Superior de Antioquia revocó el 25 de noviembre de 2025 la sentencia absolutoria de primera instancia y condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, a 340 meses de prisión –equivalentes a 28 años y 4 meses– por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el marco del proceso por el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. El fallo, de 307 páginas y emitido por unanimidad de la Sala Penal, declaró a Uribe Vélez penalmente responsable por un concurso de delitos de lesa humanidad, revocando la absolución del 13 de noviembre de 2024 dictada por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que había argumentado «duda razonable» ante la prueba presentada por la Fiscalía.
La decisión se basó en que el Tribunal consideró que las pruebas –testimonios de exparamilitares, interceptaciones y documentos– demostraron con «certeza racional» la responsabilidad de Uribe Vélez como «jefe y director» del grupo que operó en el norte de Antioquia en los años 90, bajo el nombre inicial de Autodefensas del Norte Lechero. El caso emblemático fue el asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus en la ruta Yarumal-Campamento, el 25 de febrero de 1994, quien figuraba en la «lista negra» del grupo. Los magistrados ordenaron una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes –alrededor de 9.500 millones de pesos o 2,5 millones de dólares– y remitieron copias a la Defensoría del Pueblo para seguimiento institucional.
Álvaro Uribe Vélez lamentó la sentencia en X ese mismo día: «Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude». El expresidente, que ha defendido a su hermano desde el inicio del proceso en 2016 –cuando Uribe Vélez fue capturado y liberado en 2018 bajo fianza de 30 salarios mínimos–, reiteró su inocencia y cuestionó la justicia. La defensa, liderada por Jaime Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes, anunció apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: «La decisión de segunda instancia está fundada en pruebas valoradas, pero demostraremos en casación la ausencia de responsabilidad». La ejecución de la pena quedó suspendida hasta que la Corte resuelva el recurso extraordinario, evitando captura inmediata.
El caso Los 12 Apóstoles, reabierto en 2010 tras un fallo inhibitorio en 1997, se centró en la conformación de un grupo paramilitar que, según la Fiscalía, incluyó ganaderos, empresarios, policías y un sacerdote, responsable de decenas de homicidios en Yarumal y municipios aledaños. Testigos como exjefes paramilitares afirmaron que Uribe Vélez financió y dirigió la organización, aunque la defensa alegó persecución política y testigos falsos. El Tribunal rechazó esa tesis: «Las conductas desplegadas por Santiago Uribe Vélez son típicas bajo el elemento doloso, afectando sin justa causa los bienes jurídicos de la vida y la seguridad pública».
Desde una perspectiva crítica, esta condena no es solo un capítulo más en la saga uribista; es un veredicto que cierra un ciclo de impunidad en el paramilitarismo antioqueño, pero abre heridas en un país polarizado. Uribe Vélez, absuelto en mayo de 2024 pero revocado ahora, pagará con 28 años a los 72, mientras su hermano, Álvaro, acumula siete procesos en la Corte Suprema. La Corte, que estudia casación de Uribe por manipulación de testigos, definirá si el linaje Uribe sobrevive judicialmente. Colombia, con su historia de balas y balanzas, observa: justicia tardía o venganza selectiva? Dios, como dijo Álvaro, nos ayude.
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