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Contraloría halló detrimento por $213 millones en vuelos de Juliana Guerrero en aeronaves policiales: viajes a UPC sin relación con funciones en Interior
La Contraloría General de la República dictaminó hallazgos fiscales por más de 213 millones de pesos contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tras determinar que Juliana Guerrero, entonces secretaria ejecutiva del despacho del ministro Armando Benedetti, utilizó aeronaves oficiales para cinco vuelos sin relación con sus funciones institucionales. Los desplazamientos, realizados en junio de 2025, costaron $213.548.069 en combustible y se dirigieron principalmente a la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde Guerrero actuaba como delegada presidencial, pero sin sustento misional para el uso de recursos del convenio interinstitucional.
El informe, emitido el 25 de noviembre de 2025, concluyó que los trayectos representaron una «gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica», generando un menoscabo al patrimonio público. «Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior», detalló la entidad. Los vuelos, autorizados bajo el Convenio 400-2025 entre Interior, Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, se limitaban a labores de seguridad y orden público, no a agendas universitarias o personales.
Los itinerarios incluyeron:
La Contraloría enfatizó que la «misión secreta» alegada por Guerrero no aplicó: los registros mostraron ocupantes sin vinculación oficial, como familiares, y fines ajenos a Interior. «La cual generó un menoscabo al presupuesto público y, en consecuencia, un daño patrimonial al Estado», concluyó el ente, solicitando plan de mejoramiento al Ministerio y remitiendo el caso a la Procuraduría para investigación disciplinaria.
El escándalo estalló con la denuncia penal de Daniel Briceño, concejal de Bogotá, el 24 de julio de 2025, por peculado por uso. Briceño acusó a Guerrero de viajar en avión y helicóptero policial el 19 y 20 de junio para una sesión de la UPC, acompañada de su hermana y otros, sin relación con Interior. «Era para intervenir en reforma estatutaria contra reelección del rector», alegó, citando que Guerrero, de 22 años y sin títulos universitarios, ocupó roles de poder sin experiencia. La Contraloría confirmó la irregularidad, pero Guerrero defendió: «Actué como delegada presidencial; parte de mi trabajo es reservado». Benedetti admitió autorización por «asunto de seguridad nacional», pero negó conocimiento de fines universitarios y prometió investigación interna.
La Procuraduría abrió indagatoria disciplinaria el 26 de noviembre, evaluando si Guerrero abusó de su cargo –jefa de gabinete de Benedetti hasta agosto de 2025, cuando pasó a viceministra de Juventud pese a polémicas por títulos anulados–. El caso se suma a críticas por su ascenso meteórico: técnica y tecnóloga, sin experiencia, saltó de asesora a roles clave en Casa de Nariño. La Contraloría remitió el hallazgo al Ministerio para recuperación de recursos y sanciones; Briceño exigió: «Peculado agravado; que responda con su patrimonio».
Desde una perspectiva crítica, este detrimento no es error administrativo; es el tufo de nepotismo petrista. Guerrero, de 22 años y sin credenciales, usó helicópteros para agendas universitarias mientras Colombia sufre déficits en seguridad. Petro, que juró austeridad, ve cómo su entorno derrocha $213 millones en vuelos «secretos» que ocultan favoritismos. Benedetti, con su historial, autoriza sin escrúpulo; Camargo, en Fiscalía, ignora denuncias. El Valle del Cesar, con su UPC en crisis, pagó el precio de ambiciones ajenas. ¿Justicia o mermelada? La Contraloría dictaminó; el país exige cuentas.
