Defensoría exigió retiro temporal de Huertas y Mejía por presunta infiltración de Calarcá: «Evitar interferencias» en investigación y reflexión sobre Paz Total

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el 25 de noviembre de 2025 en el que recomendó el retiro temporal de funciones del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, por presuntos nexos con las disidencias de las FARC de alias Calarcá. La entidad instó a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría a adelantar investigaciones penales y disciplinarias inmediatas para evitar «interferencias» en el proceso, en respuesta a las revelaciones de Noticias Caracol sobre chats y documentos incautados que sugieren filtraciones de información sensible, planes para empresas fachada de seguridad y pactos de no agresión.

«Es imprescindible que sus superiores adopten medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones», advirtió la Defensoría, destacando que los indicios de colaboración con el EMBF –Estado Mayor de Bloques y Frentes– comprometen la seguridad nacional. La Procuraduría ya abrió indagatoria disciplinaria el 24 de noviembre por «conducta gravísima», evaluando suspensión provisional que podría anunciarse en días, según fuentes del Ministerio Público. La Fiscalía, bajo Luz Adriana Camargo –criticada por inacción en los archivos desde julio de 2024–, inició noticia criminal preliminar el 26 de noviembre, pero enfrenta presión por su «operación tortuga».

La Defensoría también cuestionó el incidente del 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), donde una caravana de la UNP transportó a Calarcá Córdoba, Erlinson Echavarría Escobar («Ramiro») y Édgar de Jesús Orrego Arango («Firu») –comandantes del Bloque Jorge Briceño, Frente 18 y Frente 36–, junto a un menor de edad, armas y dinero. Camargo ordenó liberación por suspensión de capturas otorgada en junio de 2024 para diálogos de Paz Total, pero la entidad alertó sobre su uso «para fines distintos al fin de la violencia»: «Generó dudas sobre el uso adecuado de la suspensión de órdenes de captura, verificándose traslado de integrantes sin dicha suspensión, así como transporte de dinero, armas y un menor».

La Defensoría contrastó dos realidades del EMC: la de la mesa de diálogo con compromisos de cese al reclutamiento y desarme, y la territorial con expansión (16% en 2025, 2.802 combatientes según FIP), control social en Catatumio, Caquetá, Huila y más. «¿A cuál debemos darle mayor credibilidad?», interrogó, recomendando a Petro protocolos para suspensiones y reflexión sobre la legitimidad de la Paz Total, «fallida» ante atentados como el magnicidio de Uribe Turbay y reclutamientos (578 en 18 meses).

Rendón reiteró: «Sospechosa benevolencia con Calarcá mientras Mordisco sangra». Huertas y Mejía negaron montaje; Sánchez ordenó investigación interna. Camargo enfrenta moción de censura. Desde una perspectiva crítica, esta alerta no es advertencia; es ultimátum a una Paz Total que negocia con traidores mientras bombardea rivales. Colombia, con 15 menores muertos en operaciones, merece depuración, no excusas.