Leonardo Helicopters suspende soporte técnico al FAC 0008 de Petro por Lista Clinton: licencia OFAC requerida y riesgos operativos para la FAC

La inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, formalizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025, ha escalado de ser una mera restricción financiera a un obstáculo operativo que paraliza activos clave del Estado colombiano. El último episodio, revelado el 20 de noviembre, fue la suspensión temporal del soporte técnico al helicóptero presidencial FAC 0008, un AgustaWestland AW139 configurado para traslados VIP. Leonardo Helicopters, filial de AgustaWestland Philadelphia Corporation con sede en Filadelfia, notificó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que todas las actividades de mantenimiento, certificación y suministro de componentes críticos quedan en pausa hasta obtener una licencia específica de la OFAC. Esta medida, aunque preventiva y con promesa de reanudación «tan pronto como sea posible», expone la vulnerabilidad de la logística presidencial ante sanciones que no distinguen entre persona y Estado, un golpe que Petro calificó de «ofensa a Colombia» y que ya deriva en acciones legales.

La comunicación, firmada por Alberto Herrera, gerente de Soporte al Cliente para Sudamérica de Leonardo Helicopters y dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), detalla que la suspensión responde a «disposiciones regulatorias recientes emitidas en Estados Unidos». Específicamente, la OFAC exige autorización para cualquier transacción o servicio que involucre a personas sancionadas, incluso si el beneficiario es un gobierno soberano como el colombiano. Mientras el trámite avanza –un proceso que puede demorar semanas o meses, según precedentes como los de Venezuela–, el FAC 0008 queda inoperativo para vuelos de largo alcance sin el respaldo técnico del fabricante, lo que obliga a la FAC a recurrir a alternativas como el Bell 412 o el Boeing 737 presidencial, menos equipados para misiones ejecutivas. La empresa reiteró su «compromiso con los estándares más altos de cumplimiento y cooperación con las autoridades colombianas», pero el incidente subraya cómo la Lista Clinton –creada bajo el Decreto Ejecutivo 14059 para combatir narcotráfico y corrupción– filtra sus efectos a entidades estatales, congelando no solo cuentas, sino capacidades críticas de movilidad.

El AW139, con matrícula FAC 0008 y número de serie 31900, no es un helicóptero cualquiera; es el buque insignia de la flota presidencial, adquirido durante el gobierno de Iván Duque en 2021 por 12 millones de dólares como reemplazo del Bell 412 FAC 0006, siniestrado en 2019 en Albán, Cundinamarca. Financiado mediante la póliza de seguros del aparato accidentado, el modelo italiano fue seleccionado tras evaluar opciones globales por su versatilidad en misiones VVIP: una cabina espaciosa para hasta 12 pasajeros, aviónica avanzada con piloto automático de cuatro ejes, bimotor Pratt & Whitney PT6C-67C de 1.679 caballos de fuerza cada uno, velocidad máxima de 309 km/h, rango de 1.061 km y techo de servicio de 20.000 pies. Incorpora un sistema antimisiles AIRMOR israelí con sensores ultravioletas y dispensadores de bengalas y chaff, un salto cualitativo respecto a la obsolescencia de los Bell 412, que operaron por más de 35 años. Con más de 1.100 unidades en servicio mundial y 2,9 millones de horas de vuelo acumuladas, el AW139 se ha consolidado como referencia en transporte ejecutivo y seguridad gubernamental, pero su adquisición ya generó controversia en 2020: el senador Roy Barreras impulsó una moción de censura contra el ministro Carlos Holmes Trujillo por el gasto en plena pandemia, cuestionando la necesidad cuando la Presidencia contaba con dos helicópteros operativos. Hoy, su mantenimiento anual supera los 5.000 millones de pesos, con un costo por hora de vuelo de 11 millones, cifras que, sin el soporte de Leonardo, podrían dispararse o forzar desincorporaciones.

Esta suspensión no es un hecho aislado; es el tercer impacto tangible de la Lista Clinton en menos de un mes, ilustrando cómo las sanciones –impresas por presuntos lazos con narcotráfico, según Washington– se extienden de lo personal a lo institucional. El 15 de noviembre, entidades financieras colombianas bloquearon pagos asociados al nombre de Petro, retrasando su salario presidencial y giros institucionales, obligando a la Presidencia a intervenir manualmente para desbloqueos. Más grave aún, durante una escala en Cabo Verde el 18 de noviembre, la aerolínea local negó abastecimiento de combustible al Boeing 737 presidencial por temor a represalias de la OFAC, dejando al avión en tierra por horas y forzando un desvío logístico que costó millones extras. Petro, en X, fustigó estas «injusticias internacionales» y vinculó su inclusión a posiciones críticas sobre Palestina, pero la realidad operativa es implacable: la Lista Clinton congela activos, prohíbe transacciones y obliga a empresas globales –como Leonardo, sujeta a jurisdicción estadounidense por su filial en Filadelfia– a pausar servicios, incluso si el contrato es con un Estado no sancionado. «El Estado colombiano no está sancionado», tuiteó Petro, anunciando una demanda contra Leonardo por «incumplimiento contractual hasta la caducidad» y la venta inminente del AW139, «pues prácticamente no lo necesito». Críticos como la periodista Vicky Dávila contraatacaron: «Estas son las consecuencias de favorecer a los narcos; usted creía que le iba a salir gratis».

Desde una perspectiva crítica, este episodio no es mera anécdota técnica; es el reflejo descarnado de cómo las sanciones de Trump –que incluyeron a Petro, su familia y aliados en la Lista SDN por supuesta protección a carteles– erosionan la soberanía operativa de Colombia, un país que ya navega entre presiones hemisféricas y déficits fiscales. El FAC 0008, con su AIRMOR y cabina blindada, simbolizaba modernidad en 2021; hoy, sin mantenimiento, es un cascarón caro que expone la ironía: un presidente que compró aviones Gripen a Saab por 16,5 billones –en medio de sobrecostos cuestionados– ve su helicóptero italiano paralizado por aliados de Washington. La FAC, con solo dos AW139 en flota (uno civil con Helistar), enfrenta un dilema: ¿confiar en reparaciones locales, menos certificadas, o ceder ante la OFAC? Petro pide a demócratas italianos investigar, pero el daño es inmediato: traslados limitados, costos elevados y un Ejecutivo que, en vísperas de 2026, parece más vulnerable que nunca. La Lista Clinton no congela solo cuentas; paraliza alas, recordando que en geopolítica, el poder se mide no en decretos, sino en lo que vuela –o no.

Esta suspensión temporal, con su promesa de licencia pendiente, obliga a un replanteo: ¿diversificar proveedores, como con rusos o chinos, arriesgando compatibilidad? ¿O negociar con la OFAC, reconociendo la sanción? Mientras Leonardo tramita, Colombia paga el precio de un presidente sancionado: un helicóptero en tierra que, como su gobierno, aspira alto pero aterriza forzado.