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En el Quindío, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) –una entidad que debería ser sinónimo de tecnicismo, bioseguridad y neutralidad– empieza a oler a gasolina electoral. Y el olor es tan fuerte que ya no se disimula.
En los últimos meses, la seccional del ICA en Armenia ha vivido una metamorfosis burocrática que nada tiene que ver con la sanidad animal o vegetal. Nuevos contratistas, cargos de libre nombramiento y movimientos internos tienen un denominador común: cercanía con el concejal de Armenia Felipe Villamil, el joven político que se vende como “la nueva fuerza” de la ciudad y que, según las denuncias que circulan entre funcionarios y exfuncionarios, habría convertido la gerencia del ICA Quindío en una extensión de su maquinaria política.
El otro nombre que aparece en la ecuación es Duvalier Sánchez, un cuestionado representante a la Cámara por el Valle del Cauca en la Alianza Verde y quien ya suena como precandidato al Senado en 2026. La alianza sería clara: Villamil pone el control local del ICA Quindío; Sánchez aporta la aspiración nacional y, presuntamente, la cuota burocrática desde Bogotá. El intercambio: contratos, favores y lealtad política.
Lo que empezó como rumores de pasillo ya escaló a denuncias concretas:
Si estas denuncias se confirman, no estaríamos ante un caso aislado de politiquería regional; estaríamos frente a un constreñimiento laboral sistemático dentro de una entidad técnica que, por ley, debe estar blindada de la politiquería. El ICA no es cualquier institución: regula desde la importación de semillas hasta la erradicación de plagas que pueden costar miles de millones al agro colombiano. Que su nómina se convierta en caja menor de campaña es un riesgo directo para la seguridad alimentaria y la institucionalidad.
El modus operandi no es nuevo: la vieja receta de siempre, pero ahora envuelta en discurso juvenil y “renovación política”. El problema es que cuando la política entra por la puerta principal del ICA, la meritocracia, la transparencia y el servicio técnico salen por la ventana. Y según los denunciantes, ya saltaron hace rato.
Los organismos de control no pueden seguir mirando para otro lado. La Procuraduría, la Fiscalía Seccional y la Contraloría Departamental tienen la obligación de prender las alarmas, recibir a los denunciantes bajo reserva de identidad –porque aquí hay miedo real– y revisar con lupa:
El Quindío no necesita más clientelismo disfrazado de liderazgo joven. Necesita instituciones que funcionen sin tener que pedir carnet político para entrar a trabajar. El ICA no puede ser el patio trasero de nadie, ni de concejales ambiciosos ni de representantes que buscan escalar al Senado a costa de la dignidad laboral de sus funcionarios.
Porque cuando una entidad técnica se convierte en feudo electoral, no solo se vulneran derechos laborales: se pone en riesgo la confianza de todo un sector productivo que depende de que el ICA haga bien su trabajo, no de que haga campaña.
Que los organismos de control actúen rápido. Porque el olor a constreñimiento ya salió del ICA Quindío y está llegando a todo el Eje Cafetero.
