Fiscalía y Procuraduría inician indagaciones por gastos lujosos de Verónica Alcocer en Suecia: ¿uso indebido de recursos estatales en medio de sanciones de EE.UU.?

La Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer, enfrenta un torbellino de indagaciones que podrían desentrañar no solo el origen de su presunto estilo de vida opulento en Estocolmo, sino también el uso de recursos públicos en un cargo que, según el propio presidente Gustavo Petro, dejó de ejercer sentimentalmente hace años. El detonante fue un reportaje del diario sueco Expressen, publicado el 16 de noviembre de 2025, que detalló cómo Alcocer, llegada a Suecia en octubre –justo cuando ella y Petro cayeron en la Lista Clinton de sanciones estadounidenses–, se instaló en un apartamento céntrico de la capital nórdica, una de las ciudades más caras de Europa, y se codeó con la élite local en cenas exclusivas, fiestas privadas y clubes como Noppes, reservado para la alta sociedad y hasta la familia real sueca.

Expressen no escatimó en detalles: Alcocer, acompañada de un fotógrafo profesional, maquilladora, vestuarista y asesora personal, frecuentó restaurantes en la zona de Stureplan, asistió a eventos con figuras como la DJ Gunn Lundemo –quien la ayudó con alojamiento– y el magnate de relojes Olof Larsson, y compartió mesa con empresarios como Kristofer Ruscon de Hatt et Söner y Sofia Strand de Pixi Beauty. Estas revelaciones, que contrastan con la austeridad predicada por el Gobierno Petro, reavivaron dudas sobre financiamiento: Alcocer no recibe salario oficial ni viáticos, y su estadía no fue visita protocolar. Petro salió en defensa vía X, asegurando que «ni un peso público» financia su vida, pero el daño estaba hecho: ¿quién paga el Strand Hotel inicial, los banquetes y el círculo de millonarios?

La Fiscalía General de la Nación, alertada por el escándalo, analiza la apertura de una noticia criminal preliminar, originada en una denuncia radicada por el profesor Juan Carlos Portilla, experto en anticrimen financiero. Portilla, en su escrito del 29 de octubre de 2025 –ampliado tras Expressen–, acusa a Alcocer de estafa en favor de terceros y posible lavado de activos, alegando pagos superiores a mil millones de pesos por «cuidado de imagen» y asesorías, gestionados vía terceros, prestadores y sociedades interpuestas. «Se habrían emitido facturas y contratos para justificar desembolsos de recursos públicos o desviados de otros fines», detalla la denuncia, que involucra a personas de la «red de confianza» de Alcocer. Portilla exige citar a Petro como testigo, dado que su admisión de separación –»hace años estamos distanciados»– cuestiona la legitimidad de contratos firmados en su nombre como Primera Dama, un rol protocolario sin presupuesto propio pero ligado a la Presidencia.

La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el Delito Anticorrupción revisará si estos fondos –posiblemente de la oficina de la Primera Dama, que maneja partidas para eventos institucionales– se usaron para fines privados, tipificando peculado o concierto para delinquir. Portilla no acusa directamente soborno, pero advierte de «artificios contractuales» que podrían ocultar flujos ilícitos, especialmente en el extranjero. Su petición se extiende a la Unión Europea: acceso a inteligencia financiera de Suecia para rastrear operaciones sospechosas (STR), pagos transfronterizos y beneficiarios finales de «Verónica Socorro Alcocer García y vehículos societarios relacionados». «Si se confirma el uso de dineros estatales para gastos personales, las implicaciones legales son significativas», enfatiza Portilla, recordando que la normativa colombiana prohíbe desviar recursos para particulares cercanos al poder.

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación podría intervenir para escrutar el cumplimiento de funciones oficiales de Alcocer: ¿sigue ejerciendo pese a la separación? ¿Cómo se administran los fondos de su oficina, parte de la Presidencia? La entidad, sensible a abusos en entornos presidenciales, evaluará si hubo violación a principios de transparencia y austeridad, especialmente tras el informe UIAF de Petro que expuso sus propios lujos –Gucci, Prada y un pago en un strip club lisboeta–, pero que no cubrió a Alcocer. Expertos como Enciso coinciden: el rol de Primera Dama es honorífico, pero sus gastos protocolarios deben ser auditables; cualquier desvío cruza la línea al peculado.

El escándalo se entrelaza con la compra de 17 aviones Gripen a Saab por 16,5 billones de pesos, firmada el 14 de noviembre en Cali. Alcocer llegó a Estocolmo el mismo octubre, coincidiendo con el cierre de la negociación –el mayor contrato de defensa colombiano–. El exsecretario de Transparencia Camilo Enciso radicó el 18 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Suecia (Riksenheten mot korruption), solicitando investigación preliminar por soborno extranjero bajo el Capítulo 10 del Código Penal sueco. «La superposición temporal y geográfica es evidente: su estancia lujosa precede o coincide con el acuerdo Saab», argumenta Enciso, citando reportes de Semana sobre presiones para helicópteros en 2022, donde un consejero presidencial invocó el «interés especial» de Alcocer. La ley sueca, amplia en definir «funcionario público extranjero» –basta influencia en decisiones estatales–, obliga a indagar indicios razonables de beneficios canalizados vía hospitalidad o flujos financieros desde intermediarios suecos.

Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción, no afirma delito, pero reúne «indicios razonables»: la presencia de Alcocer en círculos influyentes –empresarios de defensa, según Expressen–, su «interés especial» en adquisiciones pasadas y el sobrecosto Gripen, criticado por analistas por superar estimados globales en 20%. Suecia, firmante de la Convención OCDE Antisoborno, debe cooperar con Colombia en asistencia jurídica mutua. Enciso pide documentos, comunicaciones y registros financieros de Saab, alertando: «Si hubo influencia indebida, no es coincidencia; es corrupción transnacional». La Fiscalía sueca confirmó recepción, abriendo puerta a una pesquisa que podría salpicar al Ministerio de Defensa y cuestionar la «transparencia» de Petro, quien defendió el contrato como «disuasorio para la paz».

Este entramado no es aislado; refleja un patrón de opacidad en el círculo Petro. Alcocer, separada sentimentalmente pero legalmente esposa –sin divorcio formal–, mantuvo funciones hasta el escándalo: viajes con estilistas, contratos por imagen que Portilla califica de «simulados». La Lista Clinton, que congela sus activos en EE.UU. por presuntos lazos narcos, complica su retorno: ¿financia su exilio sueco con regalías presidenciales o donaciones opacas? Petro, en X, minimizó: «Vive con lo suyo», pero el debate trasciende: en un país de desigualdad galopante, ¿es ético que la «Primera Dama» gaste en champán Hatt et Söner mientras subsidios colapsan? Organizaciones como Transparencia por Colombia exigen auditoría integral; la FLIP, vigilancia a amenazas contra periodistas que cubren el caso.

Desde una mirada crítica, este episodio desnuda el cinismo de un poder que predica igualdad pero acumula privilegios: Alcocer, de figura filantrópica a icono de derroche, simboliza cómo el petrismo –que juró desmantelar élites– replica sus vicios. Sus lujos en Estocolmo no son anécdota; son síntoma de un gobierno donde la separación sentimental no detiene el flujo de contratos, y la Lista Clinton es pretexto para exilios dorados. La Fiscalía y Procuraduría deben actuar con rigor: no por revancha política, sino por un principio básico –los impuestos no pagan fiestas reales–. Si se confirma desvío, las sanciones no serán simbólicas: inhabilidades, restituciones y, quizá, el fin de un rol que, en Colombia, ha sido más escándalo que servicio. Mientras Suecia indaga Saab, Colombia espera respuestas: ¿quién pagó el lujo? Y, sobre todo, ¿cuándo termina esta farsa?