Iván Mordisco reaparece con video: amenazas a Gobierno, periodistas y proceso electoral 2026 por «avanzada guerrerista» en medio de bombardeos a disidencias FARC

Alias Iván Mordisco, el cabecilla máximo de las disidencias de las FARC, reapareció en un video grabado en una zona selvática para desatar una andanada de amenazas que resonaron como un eco siniestro del pasado guerrillero en Colombia. El mensaje, difundido en las últimas horas del 20 de noviembre de 2025, no fue un mero comunicado propagandístico; fue una declaración de intenciones que apuntó directamente al Gobierno de Gustavo Petro, a los periodistas y, de manera inédita, al proceso electoral de 2026, todo envuelto en un discurso que mezcla victimismo, acusaciones infundadas y promesas de represalias que evocan las peores épocas del conflicto armado.

El video, de escasos minutos pero cargado de simbolismo –Mordisco flanqueado por hombres armados en un entorno de selva impenetrable–, inició con críticas feroces a los operativos militares recientes, particularmente el bombardeo en Calamar, Guaviare, que dejó un saldo de veinte muertos, incluyendo siete menores reclutados forzosamente por su estructura. Mordisco no negó la presencia de niños en el campamento; al contrario, la reivindicó con una retórica que roza lo macabro: «Estos jóvenes, que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país, sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro territorio». Esta glorificación de víctimas infantiles, sometidas a reclutamiento coercitivo y violaciones sistemáticas de derechos humanos, generó un rechazo unánime: informes de la Defensoría del Pueblo, la ONU y organizaciones como Human Rights Watch han documentado más de 578 casos de reclutamiento forzado en 2024-2025, con un 48% de indígenas, exponiendo no solo la brutalidad de las disidencias, sino la hipocresía de un líder que culpa a la «falta de oportunidades» por lo que es, en esencia, un crimen de guerra no amnistiable.

La reaparición de Mordisco no sorprendió por su oportunismo: ocurrió apenas días después del bombardeo del 10 de noviembre en la vereda Itilla, Calamar, que neutralizó una avanzada de su Estado Mayor Central y provocó un escándalo internacional por las muertes colaterales de menores. En el video, el disidente acusó a las Fuerzas Militares de actuar «en función de intereses externos» –una alusión velada a presiones de Washington en el marco de la «paz total»–, y dejó entrever represalias inevitables: «El militarismo y los bombardeos también podrán ser enjuiciados (…) las disidencias iniciarían juicios revolucionarios contra los responsables de operaciones militares». Esta frase no es retórica vacía; evoca las «tribunales populares» de las FARC en los 90 y 2000, que ejecutaron a civiles, indígenas y militares bajo el pretexto de «justicia proletaria», dejando un rastro de fosas comunes en Caquetá y Guaviare. Hoy, con el DIH en entredicho –la Procuraduría y la Fiscalía ya indagan omisiones en esos protocolos–, tales amenazas no solo intimidan a comandantes como el general Luis Carlos Córdoba; siembran pánico en comunidades rurales que, entre el yugo de Mordisco y los drones estatales, viven atrapadas en un ciclo de violencia perpetua.

Pero el núcleo más alarmante del mensaje apuntó al horizonte electoral: las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Mordisco, que en su momento coqueteó con la política al firmar los Acuerdos de La Habana en 2016 como parte de las FARC, reveló una intención inicial de no interferir –»Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles»–, pero la pivotó hacia una advertencia explícita: «ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción». Esta «avanzada guerrerista» no es abstracción; alude a los bombardeos reanudados por el Gobierno de Petro contra su estructura, que ha visto diezmadas sus columnas en Arauca y Amazonas. Para Mordisco, esto justifica una intervención armada en el proceso electoral: boicots, atentados a candidatos o control territorial para manipular votaciones en zonas cocaleras como Catatumbo, donde sus disidencias ya extorsionan cosechas y reclutan en escuelas.

Desde una óptica crítica, esta amenaza no es solo un farol de un guerrillero acorralado –con 34 combatientes neutralizados en Guaviare el mes pasado y denuncias ante la CPI por reclutamiento infantil–; es un cálculo maquiavélico que explota las fisuras de un país polarizado. El proceso de 2026, ya teñido de tensiones entre petrismo, uribismo y un centro fragmentado, podría convertirse en campo de batalla si Mordisco cumple: imaginemos atentados en Nariño o Arauca que descarrilen campañas, o «juicios revolucionarios» contra periodistas que cubran sus fechorías. El disidente no escatimó en ataques a la prensa: sin pruebas, los tildó de «coordinados con organismos de inteligencia», prometiendo «procesos» –eufemismo para secuestros o ejecuciones– contra quienes difundan «mentiras» sobre su grupo. Esta ofensiva contra la libertad de expresión revive las prácticas de las FARC, que en los 2000 asesinaron a 120 periodistas y secuestraron a decenas, según la FLIP; hoy, con redes sociales como megáfono, Mordisco busca silenciar coberturas que expongan su reclutamiento de 351 niños en 2025, un horror que la ONU califica como «crimen atroz».

Las implicaciones para la seguridad nacional son devastadoras y multifacéticas. En primer lugar, territorial: las disidencias de Mordisco controlan el 70% de las zonas cocaleras, con 261.000 hectáreas de coca en 2024 según la UNODC, financiando un arsenal que incluye drones y misiles antiaéreos. Una «intervención» electoral podría escalar a sabotajes en infraestructura –puentes en el Cauca, oleoductos en Arauca–, desestabilizando no solo votaciones, sino la economía en un año de déficits fiscales. La Defensoría del Pueblo ya alertó sobre 578 reclutamientos forzados, y si Mordisco usa el proceso de 2026 como pretexto para más, comunidades indígenas en Guaviare –donde siete menores murieron el 10 de noviembre– pagarán el precio con más fosas. En segundo lugar, institucional: las amenazas a periodistas erosionan la democracia, recordando cómo las FARC usaron el terror mediático para condicionar elecciones en los 90; la FLIP reportó 1.200 agresiones a la prensa en 2024, y un «juicio revolucionario» podría ser el detonante para autocensura masiva.

Políticamente, el video de Mordisco acorrala al Gobierno de Petro: su «paz total», que prometió diálogos sin balas, recurre ahora a bombardeos que matan niños, justificando la «avanzada guerrerista» que el disidente denuncia. Petro, que en X defendió las operaciones como «disuasorias» y prometió denunciar a Mordisco en La Haya, enfrenta un dilema: ¿escalar con más strikes, arriesgando bajas colaterales, o ceder en mesas que el cabecilla ya boicotea? La moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez, impulsada por el saldo infantil, gana tracción en el Congreso, mientras la CPI indaga reclutamientos. Internacionalmente, el mensaje de Mordisco complica alianzas: EE.UU., con su Task Force en el Caribe contra el Cartel de los Soles, ve en las disidencias un frente narco que exporta 3.001 toneladas de cocaína al año; una intervención electoral podría invitar a operativos conjuntos que rocen soberanías.

Desde una perspectiva implacable, como la de un cronista que ha visto caer imperios guerrilleros, Mordisco no es un visionario; es un depredador oportunista que usa la sangre de niños para su supervivencia. Su video, con su retórica de «liberación», no engaña a nadie: glorifica víctimas forzadas mientras amenaza elecciones que podrían sepultar su modelo criminal. Colombia, con quince tumbas frescas de adolescentes, no puede tolerar más esta farsa: la seguridad nacional demanda no solo indagaciones de la Fiscalía y Procuraduría –que ya escudriñan omisiones en el DIH–, sino una ofensiva integral que desmantele reclutamientos y laboratorios, sin excusas de «injusticia social». Si 2026 se tiñe de balas, no será por «guerrerismo estatal»; será por la cobardía de un Estado que negocia con verdugos de infancias. Mordisco, con su selva como fortaleza, apuesta a la impunidad; el país, a la memoria de esos «dignos luchadores» que él mismo condenó a morir.