Alias Gabriela, implicada en magnicidio de Miguel Uribe Turbay, enfrenta cargos por terrorismo en plan fallido de bomba en Teusaquillo Bogotá

La Fiscalía General de la Nación abrió un nuevo capítulo en la judicialización de Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, una joven de 19 años que emerge como figura central en una red de violencia que trasciende el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Detenida desde junio de 2025 por su presunta participación en el asesinato perpetrado el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, alias Gabriela ahora enfrenta cargos por terrorismo derivados de un atentado frustrado con explosivos en la localidad de Teusaquillo, en el corazón de la capital. Este doble expediente no es coincidencia; dibuja el perfil de una operadora logística que, según los investigadores, actúa como bisagra entre determinadores invisibles y ejecutores prescindibles, un rol que la convierte en pieza clave de una maquinaria criminal que opera en las sombras de la ciudad.

El atentado fallido en Teusaquillo, planeado para el 3 de junio –apenas cuatro días antes del magnicidio de Uribe Turbay–, revela un patrón de audacia que roza lo temerario. Según la imputación formalizada por un fiscal de la Seccional Bogotá el 20 de noviembre de 2025, Martínez Martínez se concertó con un grupo de cómplices para detonar una bomba tipo lapa, un dispositivo adhesivo con detonador remoto diseñado para adherirse a vehículos y causar daños letales. Su rol fue exhaustivo: asumió la logística integral, desde las vigilancias preliminares en el sector –un barrio residencial y comercial de clase media– hasta la recepción del explosivo, su transporte en un vehículo discreto y su entrega a un adolescente reclutado como instalador. El menor, de apenas 15 años, desistió en el último momento al notar la presencia de patrullas de la Policía Nacional en vía pública, frustrando el ataque que podría haber cobrado vidas inocentes en pleno centro urbano.

Esta frustración no exime de responsabilidad; al contrario, fortalece la tesis de la Fiscalía de que alias Gabriela era el nexo operativo indispensable. El juez de control de garantías, al aceptar la imputación de terrorismo –un delito que no aceptó la procesada–, ordenó su permanencia en centro carcelario, extendiendo la medida de aseguramiento que ya pesaba por el caso Uribe. La sincronía temporal entre ambos planes –el de la bomba y el asesinato– sugiere una ventana de caos criminal en junio de 2025, donde Bogotá se convirtió en tablero de ajedrez para sicarios que alternan entre explosivos y balas. El objetivo del atentado en Teusaquillo, según filtraciones judiciales, era Elkin José Henao, un exintegrante de las FARC-EP con amenazas de muerte de la autodenominada Segunda Marquetalia, un grupo disidente que ha sido vinculado a tramas de sicariato selectivo.

Profundicemos en el rol de alias Gabriela, que la Fiscalía describe como un eslabón vital en ambas operaciones. En el magnicidio de Uribe Turbay –un crimen que conmocionó al país por su brutalidad y simbolismo político–, Martínez Martínez recogió en la localidad de Suba una pistola Glock de 9 mm modificada para aumentar su letalidad, con cargador extendido y supresor improvisado. Posteriormente, se desplazó al barrio Modelia, donde, a bordo de un Chevrolet Spark gris, se reunió con Elder José Arteaga, alias El Costeño –otro imputado en el caso, acusado paralelamente de un homicidio en Medellín–. Allí, le entregó el arma al sicario adolescente que, minutos después, disparó contra el senador en el parque El Golfito, hiriéndolo de muerte tras dos meses en coma en la Fundación Santa Fe. Los investigadores, basados en interceptaciones telefónicas, GPS de vehículos y testimonios de delatores, establecieron que desde enero de 2025, alias Gabriela formaba parte de un grupo delincuencial dedicado al microtráfico de estupefacientes y homicidios por encargo, operando en las periferias de Bogotá y Caquetá, donde fue capturada el 14 de junio huyendo hacia la selva con promesas de protección guerrillera.

En el expediente del magnicidio, la Fiscalía la formalizó con cargos por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y concierto para delinquir agravado –delitos que no aceptó, pero que la mantienen en La Picota mientras se prepara la audiencia de juicio oral. Su función operativa era idéntica a la del atentado frustrado: transportar materiales letales, coordinar movimientos y entregar herramientas a ejecutores juveniles, un patrón que explota la vulnerabilidad de menores reclutados con promesas de dinero o impunidad. Arteaga, alias El Costeño, quien recibió la Glock de sus manos, fue acusado el día previo por un crimen en Medellín, ampliando el radio de esta red que, según la Dirección Nacional de Inteligencia, podría vincularse a disidencias de las FARC y bandas urbanas como La Unión, especializadas en sicariato político.

Desde una perspectiva crítica, el caso de alias Gabriela no es solo un hilo más en el tapiz del magnicidio de Uribe Turbay –un crimen que, con su carga política, ha polarizado al país entre acusaciones de uribismo conspiranoico y petrismo defensivo–; es un espejo deformado de un sistema judicial que, pese a avances en capturas, lucha contra redes que se regeneran como hidras. Capturada en Florencia, Caquetá, mientras se alistaba para «entrenamiento guerrillero», Martínez Martínez confesó bajo interrogatorio que actuó «de pantalla» –un rol de fachada–, pero reveló detalles que la Fiscalía usó para desentrañar el atentado en Teusaquillo. Su juventud –19 años– no mitiga la gravedad; al contrario, ilustra cómo el crimen organizado cooptó a una generación marginada, convirtiéndola en engranaje de una violencia que atenta contra la democracia misma. El fracaso del plan explosivo, frustrado por patrullas casuales, salva vidas pero no ilusiones: ¿cuántos adolescentes más esperan órdenes en las sombras de Suba o Modelia?

El contexto agrava la urgencia. El magnicidio de Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en un parque bogotano, no fue un acto aislado; fue el clímax de una semana donde Bogotá olió a pólvora y cordita. Cuatro días antes, la bomba lapa destinada a Henao –un exfarc con deudas pendientes de la Segunda Marquetalia– pendía de un hilo policial. La Fiscalía, al imputar terrorismo a Gabriela, no solo acumula pruebas –interceptaciones, geolocalizaciones y el testimonio del menor que desistió–; expone una trama que podría escalar a vísperas electorales de 2026, donde precandidatos como Uribe eran blancos móviles. Arteaga, el Costeño, ya enfrenta cargos por Medellín, sugiriendo que esta red opera en ejes urbanos clave, financiada por microtráfico y encapuchada en ideologías residuales de guerrilla.

Críticamente, este doble proceso judicial obliga a cuestionar la profundidad de la investigación: ¿quiénes son los determinadores que Gabriela menciona como «contactos superiores»? ¿Vínculos con disidencias o carteles que ven en el caos político un botín? La no aceptación de cargos por la procesada –que opta por juicio oral– prolonga el escrutinio, pero también el limbo para víctimas como la familia Uribe Turbay, que exige justicia sin fisuras. En un país donde el sicariato político resucita ecos de los 80 –asesinatos de Galán, Pizarro–, alias Gabriela no es villana de telenovela; es síntoma de un Estado que captura peones pero deja reyes en libertad. La Fiscalía debe avanzar con celeridad: de Teusaquillo a Modelia, la violencia no espera audiencias; cobra facturas diarias.

Mientras Gabriela permanece en La Picota, su expediente se engrosa con evidencias que la Fiscalía promete serán irrefutables. Pero el verdadero veredicto no lo emitirá un juez; lo dictará la historia, que no perdona redes que convierten adolescentes en bombas andantes y senadores en mártires. Bogotá, con sus barrios como trincheras invisibles, merece más que imputaciones; merece desmantelamiento.