UNODC reveló 3.001 toneladas de cocaína producidas en Colombia en 2024: aumento del 12,6% que el Gobierno no publicó por revisión metodológica

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que Colombia produjo 3.001 toneladas de cocaína en 2024, una cifra que marcó el récord absoluto desde que se iniciaron los registros anuales en 1999 y que representó un incremento del 12,6% respecto a las 2.664 toneladas calculadas para 2023. Esta revelación, filtrada por el medio El País el 18 de noviembre de 2025, no solo confirmó una década de expansión ininterrumpida en los cultivos ilícitos, sino que puso en jaque la credibilidad de un sistema de medición que, por casi dos décadas, ha servido de brújula –o de chivo expiatorio– para políticas antinarcóticos que prometen mucho y entregan poco.

El Gobierno colombiano, bajo la administración de Gustavo Petro, decidió no publicar el informe oficial de la UNODC, argumentando una revisión en curso de la metodología utilizada para calcular la producción potencial de clorhidrato de cocaína. Esta omisión no fue un mero trámite técnico; fue una maniobra que evitó un escándalo inmediato en un año electoral, pero que, al filtrarse, expuso las grietas de un enfoque que prioriza la narrativa sobre los hechos. La UNODC, que elabora este indicador desde 1999 en colaboración con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), basa su estimación en dos variables centrales: la extensión de los cultivos de hoja de coca y la capacidad potencial de producción, considerando rendimientos por hectárea y eficiencia en el procesamiento químico.

La metodología, vigente desde 2007, divide el país en cuatro regiones productoras –Pacífico, Putumayo, Catatumbo y Nariño– y realiza mediciones de campo en una por año, extrapolando los resultados al resto del territorio. En 2024, la región evaluada fue el Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela donde los cultivos han proliferado bajo el control de disidencias y bandas criminales. El informe de la UNODC atribuyó el salto del 12,6% no solo al aumento de hectáreas sembradas –que alcanzó las 261.000 en 2024–, sino a mejoras palpables en la productividad: lotes de coca más eficientes, instalaciones de procesamiento modernizadas y un mayor rendimiento en el uso de precursores químicos, muchos de ellos de fácil acceso y sin control estricto en mercados negros. Estas «innovaciones» –para los cultivadores, un triunfo de la adaptación; para el Estado, un fracaso de la fiscalización– han convertido a Colombia en el epicentro indiscutible de la oferta global de cocaína, con un 61% del total mundial según estimaciones previas de la agencia.

La decisión gubernamental de retener el informe se enmarcó en una revisión conjunta con la UNODC para actualizar parámetros obsoletos, como el rendimiento por hectárea y la capacidad de transformación, que no capturan dinámicas modernas como el uso de drones para fumigación selectiva o la diversificación de rutas de exportación. Entre las alternativas en estudio se encuentra la incorporación de un indicador complementario de «cocaína disponible» –la cantidad que efectivamente llega al mercado–, que incluiría variables ausentes en el cálculo tradicional: incautaciones por autoridades (739,6 toneladas en 2023, un récord que no alteró la tendencia), lotes no cosechados por erradicación forzada, consumo interno estimado en 50 toneladas anuales, usos lícitos de la hoja de coca en comunidades indígenas y flujos transfronterizos desde Perú o Bolivia. La UNODC reconoció que su métrica actual mide solo la «producción posible» a partir de características agronómicas, ignorando estos «filtros» que reducen la oferta real, pero que también sirven de coartada para gobiernos que necesitan inflar éxitos en decomisos.

Esta opacidad no es nueva. En 2023, el incremento del 53% –de 1.738 a 2.664 toneladas– se debió en parte a la medición en la región del Pacífico, la más productiva y no evaluada desde 2019, agravada por la ausencia de trabajo de campo en 2022, cuando se reutilizaron datos de 2021. Ese salto anómalo, que la UNODC y el Gobierno aún analizan, ejemplifica las limitaciones de un sistema rotativo que genera volatilidad: un año de «bajo rendimiento» en una región periférica puede maquillar la realidad nacional, mientras que una evaluación en Catatumbo o Nariño –zonas de alta densidad– la infla. Críticos, como analistas independientes citados en El País, cuestionan si esta rotación no es un diseño defectuoso que beneficia a la narrativa oficial, permitiendo que cifras «bajas» se usen para celebrar avances en sustitución de cultivos, mientras las altas se archivan en revisiones eternas.

Profundicemos en la tendencia de la última década, un ascenso inexorable que desmiente cualquier victoria pírrica en la guerra contra las drogas. Según los registros del SIMCI, la producción potencial de cocaína pasó de 290 toneladas en 2013 –durante el pico de fumigaciones aéreas con glifosato bajo el gobierno de Juan Manuel Santos– a 1.053 en 2016, superó las 1.100 desde 2018 y escaló a 1.738 en 2022, 2.664 en 2023 y ahora 3.001 en 2024. Este crecimiento sostenido no es casual; refleja el colapso de estrategias basadas en erradicación forzada, que desplazan cultivos sin eliminar demanda global –EE.UU. consume 500 toneladas anuales, Europa 300–, y el auge de grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC, que controlan el 70% de las zonas cocaleras. En paralelo, las hectáreas sembradas evolucionaron de 48.000 en 2013 a 146.000 en 2016, pico de 171.000 en 2017, una breve desaceleración en 2019-2020 por la pandemia y el Acuerdo de Paz, y un rebote a 261.000 en 2024, impulsado por regiones como Cauca y Nariño, donde la pobreza rural y la ausencia estatal convierten la coca en el único cultivo viable.

Desde una perspectiva crítica, esta cifra de 3.001 toneladas no es solo un número; es el epitafio de políticas fallidas que han costado billones de dólares en fumigaciones, operativos y tratados internacionales, sin dentar la raíz: la desigualdad agraria que ata a campesinos a un ciclo de pobreza. El gobierno de Petro, con su énfasis en «paz total» y sustitución voluntaria, prometió romper este paradigma, pero la expansión del 12,6% en 2024 –aun con 604 toneladas incautadas en los primeros nueve meses– sugiere que las mesas de diálogo con narcotraficantes armados no han desmantelado laboratorios ni reducido siembras. La revisión metodológica, lejos de ser un avance técnico, huele a dilación: ¿por qué no publicar y confrontar la realidad, en lugar de ajustar indicadores para que cuadren con una narrativa de «éxito en decomisos»? La UNODC, al admitir que su métrica ignora la «cocaína disponible», inadvertidamente valida esta estrategia: un gobierno que celebra 739 toneladas incautadas en 2023 como triunfo, ignorando que representan solo el 28% de la producción potencial, perpetúa el mito de control sin abordar la demanda externa ni la corrupción interna que filtra precursores químicos.

El caso de 2023 ilustra esta fragilidad. El 53% de aumento se ancló en la medición del Pacífico –la región más fértil, con rendimientos de hasta 8 kilos de cocaína por hectárea–, contrastando con la reutilización de datos de 2021 en 2022, que subestimó la expansión. Ahora, con Catatumbo en foco –una zona de violencia cíclica donde disidencias reclutan menores y extorsionan cosechas–, el 12,6% de 2024 parece moderado, pero oculta mejoras en eficiencia: procesamientos con gasolina y ácido sulfúrico más puros, laboratorios semiindustriales en selvas y variedades de coca genéticamente seleccionadas para mayor alcaloide. Estos avances, que la UNODC documentó en su informe sellado, no son mérito de innovadores campesinos; son el resultado de un mercado global que paga 2 dólares por gramo en Bogotá y 100 en Nueva York, incentivando la sofisticación criminal mientras el Estado se pierde en debates metodológicos.

La omisión del informe por el Gobierno no solo priva a la sociedad de datos públicos; erosiona la confianza en instituciones como la UNODC, que Colombia financia con millones para este monitoreo. Mientras se evalúan ajustes –como integrar incautaciones de 2024, que superan las 800 toneladas proyectadas–, surge la pregunta ineludible: ¿sirve de algo medir lo potencial si no se mide lo real? La «cocaína disponible», con sus variables de consumo interno (aumentado por turismo narco) y usos lícitos (hoja de coca en infusiones indígenas), podría ofrecer un panorama más honesto, pero también más humillante: una producción que, neta de filtros, aún inunda rutas atlánticas y pacíficas, financiando guerras internas y corrupciones transnacionales.

En un país donde la coca cubre el 0,3% del territorio arable pero genera el 2% del PIB informal, esta cifra récord de 3.001 toneladas demanda no revisiones técnicas, sino un replanteamiento radical. Décadas de «guerra contra las drogas» –de fumigaciones tóxicas en los 90 hasta sustituciones fallidas en los 2010– han dejado un legado de desplazados, cánceres por glifosato y selvas deforestadas, sin reducir la oferta global. El Gobierno, al retrasar la publicación, repite el error de predecesores: priorizar la imagen sobre la acción, dejando que la UNODC –y ahora El País– hable por una realidad que nadie quiere oír. Colombia, productora del 61% mundial, no necesita nuevos indicadores; necesita voluntad para desmantelar el ecosistema que hace de la coca no solo un cultivo, sino un salvavidas en un agro olvidado.

Esta tendencia ascendente –de 290 toneladas en 2013 a 3.001 en 2024– no es inexorable; es evitable, pero solo si se confronta sin filtros. Mientras el debate metodológico avanza en oficinas bogotanas, en Catatumbo y Nariño los campesinos siembran, los laboratorios humean y el mundo consume. La UNODC, con su informe bajo llave, nos recuerda que los números no mienten; los gobiernos, sí.