Procuraduría abrió cinco indagaciones por muerte de 15 menores en operaciones contra disidencias FARC: evalúa cumplimiento del DIH en Guaviare y otras regiones

La Procuraduría General de la Nación abrió de oficio cinco indagaciones preliminares el 18 de noviembre de 2025, en respuesta a la muerte de al menos quince menores de edad durante operaciones militares contra disidencias de las FARC en regiones como Guaviare, Caquetá, Amazonas y Arauca. Estas acciones, dirigidas contra estructuras comandadas por alias Iván Mordisco, incluyeron bombardeos y operativos terrestres que, según el dictamen de Medicina Legal del 17 de noviembre, confirmaron doce fallecidos en ataques aéreos y tres en un enfrentamiento en tierra. La decisión de la entidad de control no fue un gesto protocolario; fue un acto de escrutinio necesario en un país donde la «paz total» del Gobierno de Gustavo Petro ha reavivado bombardeos que prometió limitar, pero que ahora generan un saldo de vidas infantiles que cuestiona la ética de la guerra asimétrica.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, firmó los autos de apertura dirigidos contra miembros «por determinar» del Ejército Nacional. La primera indagación se centró en el bombardeo del 24 de agosto en la vereda Nueva York, El Retorno, Guaviare, donde Medicina Legal recibió ocho cuerpos, tres de ellos menores: dos varones y una niña. La Procuraduría requirió al Ministerio de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Militares identificar unidades y batallones involucrados, así como remitir documentación operacional completa. Al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, se le exigieron explicaciones sobre su responsabilidad en la ejecución, junto con informes de la Fiscalía General, la Justicia Penal Militar y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Estas indagaciones no buscan culpabilizar a ciegas; pretenden reconstruir paso a paso la planeación y ejecución, evaluando si se aplicaron protocolos para minimizar daños a la población especialmente protegida, como los menores reclutados forzosamente.

El núcleo de estas investigaciones radica en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que la Procuraduría invocó para verificar el cumplimiento de los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad. El DIH reconoce la facultad de las Fuerzas Militares para ejecutar operaciones ofensivas, incluidos bombardeos, contra objetivos legítimos integrados por combatientes, incluso si entre ellos hay menores ilícitamente reclutados. Sin embargo, esta facultad no es absoluta: exige adoptar todas las medidas factibles para reducir daños colaterales, especialmente a niños que, aunque «combatientes» por fuerza, gozan de protección especial. En el caso de los bombardeos, el análisis es más estricto: se debe esclarecer si formaron parte de combates en curso, si existía conocimiento o inteligencia sobre la presencia de menores, y si se evaluó la proporcionalidad del uso de la fuerza. Osuna lo dejó claro: «A pesar de lo doloroso y terrible de la noticia, es nuestro deber indagar si hubo alguna vulneración al DIH o si no fue así. Si resulta lo primero, obviamente la Procuraduría tendrá que aplicar las sanciones correspondientes, que son sanciones graves».

Estas muertes no ocurrieron en un vacío. El reclutamiento forzado de menores por disidencias como el Estado Mayor Central de Mordisco –578 casos identificados entre 2024 y 2025, con 351 niños y 227 niñas, 277 indígenas– es un crimen internacional no amnistiable, contrario al orden jurídico colombiano y un delito que expone a los adolescentes a riesgos de guerra que vulneran sus derechos fundamentales. La Procuraduría rechazó enfáticamente esta práctica: «Los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos; no es jurídicamente amnistiable ni estamos socialmente dispuestos a perdonar». Al mismo tiempo, instó a las Fuerzas Militares a actualizar normativas y prácticas para asegurar la observancia del DIH, enfatizando los principios de distinción –diferenciar combatientes de civiles–, proporcionalidad –el daño no debe exceder el beneficio militar– y precaución –medidas para verificar y minimizar riesgos.

La discusión pública se intensificó con el llamado de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, para suspender bombardeos en escenarios con posible presencia de menores reclutados, priorizando la máxima precaución del DIH. Marín argumentó que, aunque el reclutamiento recae en los grupos armados, el Estado no puede ignorar su rol protector. Esta posición choca con la defensa gubernamental: el presidente Petro, en trinos del fin de semana festivo, justificó la continuidad de operaciones para neutralizar amenazas como el pelotón de Mordisco –34 combatientes y 35 fusiles incautados en Guaviare–, alegando que suspenderlos incentivaría más reclutamientos (reducción del 34% en su mandato) y que Mordisco viola el Estatuto de Roma por reclutamiento infantil, prometiendo denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. Petro diferenció «menores combatientes» de civiles puros, invocando el DIH para operaciones en selvas remotas, pero esta doctrina selectiva –tolerar bajas colaterales en tierra pero criticar bombardeos estadounidenses a lancheros desarmados– expone contradicciones que la Procuraduría ahora disecciona.

Como parte del proceso, una comisión de la Procuraduría se trasladó esa misma semana a los sitios de los operativos –Guaviare (10 de noviembre, siete menores), Caquetá (1 de octubre, cuatro adolescentes), Arauca (13 de noviembre, uno)– para recolectar testimonios, fotografías, material operacional y pericial. Estas inspecciones disciplinarias no solo reconstruirán eventos; evaluarán si el Ministerio de Defensa causó «el menor daño posible» y si hubo conocimiento previo de la presencia infantil. La entidad garantizó rigor, imparcialidad y celeridad, con debido proceso para todos los involucrados. Paralelamente, la Fiscalía General, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal para indagar omisiones en protocolos y responsabilidades en el reclutamiento; la Justicia Penal Militar inició su propia indagación el 17 de noviembre sobre el bombardeo en Calamar, Guaviare, remitida a la Fiscalía.

Desde una perspectiva crítica, estas indagaciones iluminan el fracaso estructural de la «paz total»: una política que prometió diálogos pero recurre a bombardeos cuando las mesas fracasan, exponiendo a los más vulnerables –niños indígenas de Catatumbo o Guaviare, robados de sus escuelas para cargar fusiles– como daños colaterales inevitables. El Gobierno, al reanudar ataques aéreos contra Mordisco tras alertas de inteligencia sobre avanzadas de 150 guerrilleros, priorizó la neutralización sobre la prevención, pero ¿a qué costo? Los quince menores –víctimas dobles de reclutadores y balas estatales– no son estadísticas; son el precio de una guerra que el Estado libra con drones y justificaciones, mientras los capos se escudan en infantes como escudos humanos. La Procuraduría, al abrir estas puertas, obliga a confrontar si el DIH se aplica como escudo o como pretexto: ¿se evaluaron alternativas terrestres, inteligencia satelital precisa o rescates previos? Si no, las sanciones graves –posibles destituciones o inhabilidades– no serán venganza, sino justicia restaurativa para familias que entierran a sus hijos en fosas comunes de selva.

Este escrutinio llega en un momento de fragilidad institucional: una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, avanza en el Congreso, impulsada por el saldo de Arauca y Amazonas. La Defensoría y organizaciones como la JEP –que ha documentado 2.411 rescates de menores en tres años– presionan por suspensiones, mientras el Ejército defiende incautaciones de «material de guerra de alto poder». Pero la verdad operativa, que la comisión recolectará in situ, podría revelar no solo fallas técnicas –ausencia de verificación de menores en campamentos– sino fallas éticas: un Estado que bombardea sabiendo que los niños son el 40% de las filas de Mordisco, según alertas de 2024. La Procuraduría, al alertar sobre el aumento del reclutamiento –578 víctimas en 18 meses–, no solo indaga al Ejército; acorrala a los grupos ilegales, recordando que su crimen inicial multiplica las tragedias.

En última instancia, estas cinco indagaciones no cierran el capítulo; lo abren a un debate nacional ineludible. Colombia, atrapada entre la impunidad paramilitar del pasado y la «paz total» del presente, debe decidir si sus operaciones militares salvan vidas o las sacrifican en aras de la disuasión. Mientras la comisión viaja a Guaviare –donde siete menores cayeron el 10 de noviembre–, el país espera no solo respuestas, sino reformas: protocolos actualizados, inteligencia que priorice rescates sobre explosiones, y una política que no convierta a los niños en peones de un tablero donde todos pierden. Si la Procuraduría encuentra vulneraciones, las sanciones serán el mínimo; el verdadero veredicto lo emitirá la historia, que no perdona gobiernos que entierran infancias bajo el manto del DIH.