El Gobierno del Valle del Cauca expone ataques misóginos y avanza en la aplicación de la Ley 2453 de 2025 para proteger a lideresas y funcionarias

La violencia política contra las mujeres no es un fenómeno abstracto ni una exageración de víctimas sensibles: es una estrategia deliberada para empujarlas fuera del espacio público y mantener el poder en manos masculinas. El Gobierno del Valle del Cauca lo dejó claro ante la Asamblea Departamental al presentar un informe crudo y detallado sobre cómo opera hoy esa violencia en el departamento y en el país.

La secretaria General de la Gobernación, Liza Rodríguez, habló sin rodeos: en los últimos meses se han intensificado agresiones que pretenden deslegitimar el liderazgo femenino mediante ataques personales e insultos estigmatizantes. No se trata de críticas políticas legítimas; se trata de una violencia que cruza la línea y que, según sus palabras, revictimiza a las mujeres cada vez que se las acusa de “instrumentalizar” el movimiento feminista para evadir el debate. Rodríguez fue tajante: los derechos de las mujeres no tienen color político. Atacarlas por alzar la voz es, en sí mismo, otra forma de violencia.

La directora Jurídica del Departamento, Diana Vanegas, llevó al recinto ejemplos concretos que cualquiera puede reconocer en redes sociales y medios locales. Calificativos como “villana”, “emperadora”, “sátrapa” o “tirana” se usan sistemáticamente para restar autoridad a funcionarias y lideresas. No son simples adjetivos; son herramientas para convertir a una mujer que ejerce poder en una caricatura odiable. A eso se suma la animalización digital: imágenes manipuladas que comparan a mujeres políticas con animales, la ridiculización de su apariencia física y, en los casos más viles, ataques directos a su orientación sexual con el único propósito de cuestionar su capacidad para gobernar.

Vanegas lo resumió con precisión quirúrgica: esto no es debate democrático. Es violencia política de género. Su objetivo final es expulsar a las mujeres del espacio público y quebrar su liderazgo precisamente por ser mujeres.

La diputada Lina Segura reforzó el mensaje desde los curules. Recordó que la violencia política no distingue ideología: afecta a mujeres de todos los partidos. Cuando una lideresa es animalizada, calumniada o convertida en meme sexualizado, el daño trasciende a la persona: se convierte en advertencia para todas las que aspiran a participar. El efecto intimidatorio es real y calculado.

Segura marcó una diferencia esencial que muchos fingirán no entender: el control político legítimo se hace con argumentos, cifras y hechos verificables. La misoginia, en cambio, se disfraza de crítica pero recurre al insulto, al ataque al cuerpo, a la burla, a la sexualización y a los montajes digitales que jamás se usarían contra un hombre en la misma posición. Una cosa fortalece la democracia; la otra la carcome desde adentro.

Por eso el Gobierno del Valle del Cauca impulsa dos líneas de acción concretas. La primera es la campaña “No más Misoginia”, que busca nombrar y visibilizar cada acto de violencia para despojarlo del manto de “normalidad” con el que muchos lo justifican. La segunda es la socialización y aplicación de la Ley 2453 de 2025, una norma que obliga a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en la política. No es un saludo a la bandera: es la herramienta jurídica con la que el departamento pretende pasar de la denuncia a la sanción efectiva.

El mensaje que quedó resonando en la Asamblea es incómodo pero ineludible: mientras se toleren estos ataques bajo el pretexto de la “libertad de expresión” o el “debate fuerte”, la democracia seguirá siendo un club de varones donde las mujeres entran solo si aceptan ser humilladas. El Valle del Cauca, al menos en este capítulo, decidió romper con esa lógica.

Queda en manos de las instituciones, los partidos, los medios y la propia ciudadanía convertir la indignación en consecuencia. Porque cada insulto que se normaliza, cada meme que se comparte riendo, cada ataque a la dignidad de una mujer política es un paso más hacia una democracia más pobre, más violenta y más masculina. Y eso, en pleno 2025, ya no debería ser tolerable.