El bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares el 10 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar (Guaviare), contra el frente de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” dejó un saldo de 20 presuntos integrantes neutralizados, siete de ellos menores de edad según confirmó Medicina Legal, mientras otros ocho casos similares están en proceso de verificación.

Lo que durante años Gustavo Petro, Iván Cepeda, María José Pizarro y todo el Pacto Histórico calificaron sin dudar como “crimen de guerra” cuando ocurría bajo el gobierno de Iván Duque, hoy se explica desde la Casa de Nariño con la frase “no sabíamos de la presencia de menores”. Este contraste pone en evidencia la enorme distancia entre el discurso de oposición y la realidad de gobernar un país donde los grupos armados ilegales convierten sistemáticamente a los niños, niñas y adolescentes en escudos humanos y combatientes forzados, generando el mayor búmeran político del actual Gobierno.

Durante los años de oposición cada operativo que dejaba menores fallecidos era catalogado sin medias tintas como crimen de guerra. En noviembre de 2019, tras el bombardeo en Caquetá que dejó ocho menores muertos y provocó la renuncia del ministro Guillermo Botero, Petro afirmó que “si el gobierno sabía que allí habían menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra” y responsabilizó a quienes habían votado por “volver a la guerra”. Ese hecho fue detonante del “estallido social”. En marzo de 2021 Iván Cepeda amenazó al ministro Diego Molano con denunciarlo por “graves infracciones al DIH” y le reclamó que “su deber es rescatar menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos”. María José Pizarro exigía “no justificar lo injustificable” y llamaba al hecho “crimen de guerra”. En abril de 2022 Petro escribió que “Duque y Molano cometieron un crimen de guerra. Asesinaron civiles y menores de edad”.

Hoy esas palabras regresan como un espejo incómodo. El presidente Petro sostiene que “no sabíamos”. Iván Cepeda condena el reclutamiento pero evita el término “crimen de guerra”. María José Pizarro habla de “tragedia” y “campanada de alerta” sin mencionar la expresión que usaba antes.

Los grupos ilegales convierten a los menores en activo estratégico. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y diciembre de 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento forzado, un aumento del 19 % respecto a 2023 (342 casos). El Cauca concentró 300 casos; le siguen Putumayo (20), Valle del Cauca (18), Huila (13) y Arauca (10). Las disidencias lideran con 162 casos, seguidas del Estado Mayor Central (135), grupos sin identificar (84), ELN (9), Segunda Marquetalia (7) y AGC (7). El reclutamiento forzado es crimen de guerra y no es amnistiable.

Hace cinco meses un adolescente de 15 años asesinó al senador Miguel Uribe Turbay, recordatorio de cómo se instrumentaliza a los menores.

La defensora Iris Marín reveló otros operativos en verificación por muerte de menores y pidió suspender los bombardeos. La Justicia Penal Militar abrió indagación formal y la Procuraduría investiga posibles errores operacionales.

El experto César Niño propone fortalecer la inteligencia previa, evaluar la efectividad real de los bombardeos y retomar operaciones conjuntas terrestres suspendidas por este Gobierno.

El bombardeo de Calamar confirma que ningún gobierno ha neutralizado la presencia de menores en estructuras ilegales. El petrismo enfrenta el mismo escrutinio que antes aplicaba. Decir “no sabíamos” no elimina la mayor responsabilidad del Estado. Las indagaciones, la exigencia de la Defensoría y las recomendaciones técnicas marcan un punto de inflexión: Colombia necesita inteligencia robusta, protocolos estrictos y voluntad política real para priorizar la vida de los menores. Solo así se romperá el ciclo que los convierte en víctimas permanentes del conflicto.