El ministro del Interior, Armando Benedetti, vive las primeras consecuencias tangibles tras su inclusión en la Lista Clinton: bloqueo de tarjetas, restricción bancaria y aislamiento financiero global. La sanción marca un punto de quiebre en su carrera política y en el gobierno de Gustavo Petro.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, enfrenta la primera ola de consecuencias derivadas de su inclusión en la Lista Clinton, la base de datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que señala a personas y entidades presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, como el narcotráfico o el lavado de activos. Su vida financiera comenzó a colapsar en cuestión de horas. “Me bloquearon la tarjeta de crédito; estoy mal y golpeado”, reveló Benedetti en diálogo con Mañanas Blu, confirmando que ni siquiera las autoridades locales lo habían preparado para el alcance global de la sanción.

Según relató el ministro, sus tarjetas Visa y MasterCard fueron canceladas a pocas horas del anuncio, ya que ambas compañías —con sede en EE. UU.— están obligadas a cumplir las disposiciones del Tesoro. Aunque Benedetti asegura no tener cuentas ni bienes en territorio estadounidense, los efectos de la sanción lo dejan prácticamente fuera del sistema financiero internacional. Las entidades extranjeras y las empresas con vínculos con Estados Unidos suelen evitar cualquier relación comercial con personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que provoca un aislamiento económico inmediato.

Los efectos no se limitan a la imposibilidad de usar tarjetas. Estar en la Lista Clinton implica el congelamiento de activos, la prohibición de transacciones financieras, restricciones migratorias y revisiones exhaustivas en fronteras y aeropuertos. Incluso los bancos nacionales pueden optar por bloquear cuentas o restringir productos financieros para evitar sanciones secundarias. Benedetti aseguró que acudirá a la Superintendencia Financiera de Colombia para exigir respeto por sus derechos, aunque el margen de maniobra legal en estos casos es limitado.

El ministro rechazó las acusaciones del Tesoro y las calificó como un intento político de desestabilizar al Gobierno colombiano. “Esto busca afectar al presidente Petro y crear un ambiente de persecución. No he hecho nada ilegal”, expresó durante su intervención, reiterando que no mantiene vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, su inclusión en la lista coincidió con las sanciones impuestas también al presidente Gustavo Petro, a la primera dama Verónica Alcocer y al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, quien está bajo investigación por presunto lavado de activos.

El episodio representa un golpe demoledor para el gobierno, que ya enfrenta una crisis de credibilidad interna y un aislamiento diplomático creciente. En Washington, la medida fue interpretada como un mensaje directo a la administración Petro: el país norteamericano no tolerará desviaciones en la cooperación antidrogas ni indulgencia con funcionarios bajo sospecha. La frase del ministro —“Estoy golpeado”— resume un sentimiento que podría expandirse dentro del círculo presidencial, donde cada movimiento financiero, cada viaje y cada gestión internacional quedan ahora bajo la lupa.