El presidente Gustavo Petro confirmó públicamente que lleva años separado de Verónica Alcocer, aunque ella continúa ejerciendo funciones de Primera Dama. La revelación, en medio del escándalo de la Lista Clinton, desató cuestionamientos éticos y jurídicos sobre su legitimidad institucional.

El presidente colombiano Gustavo Petro reconoció públicamente su separación de la Primera Dama Verónica Alcocer, en medio del escándalo internacional por su inclusión en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En una publicación en su cuenta de X, el mandatario afirmó: “Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente”, frase que marcó un punto de inflexión tanto en su vida privada como en su rol institucional.

La declaración no llegó en un momento cualquiera. Petro atraviesa su peor crisis diplomática y política desde su posesión, luego de que su nombre, el de su esposa, su hijo Nicolás Petro Burgos y su ministro del Interior, Armando Benedetti, fueran sancionados por Washington. En ese contexto, la admisión de la separación generó un efecto dominó: cuestionamientos sobre la transparencia del gobierno, posibles inconsistencias en declaraciones oficiales y un nuevo frente de desgaste mediático.

Las reacciones fueron inmediatas. Sectores políticos y mediáticos cuestionaron la legitimidad de que Alcocer continúe representando al país en actos oficiales, pese a no mantener una relación activa con el presidente. El concejal bogotano Daniel Briceño reveló un documento fechado el 1 de noviembre de 2024, en el que Petro declara a Alcocer como su “cónyuge o compañera permanente” ante el sistema oficial de bienes, rentas y conflictos de interés. La contradicción entre el documento y las declaraciones presidenciales encendió alarmas sobre la posible falta de coherencia institucional.

Analistas legales señalan que la figura de Primera Dama no está regulada por la Constitución, pero su rol simbólico y protocolario depende de la relación marital con el jefe de Estado. La separación, aunque no formalizada ante un juez, plantea un vacío de legitimidad. “Si no hay vínculo efectivo, su papel representa un uso cuestionable de recursos públicos para alguien que no convive con el presidente”, explicó un jurista consultado por varios medios nacionales.

Petro, por su parte, insistió en que los ataques contra Alcocer y su familia hacen parte de una “estrategia electoral de la oligarquía colombiana”. Sin embargo, la opinión pública parece menos dispuesta a aceptar esa narrativa. En medio de la tormenta política, la imagen presidencial se erosiona a pasos acelerados, y la figura de Alcocer se convierte en otro frente de vulnerabilidad para un gobierno que no logra contener su crisis moral ni su aislamiento internacional.