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            • Pacto Histórico
            • Participación Electoral

            Los datos oficiales de la Registraduría revelan un fenómeno claro: mientras Nariño, Cauca y Sucre lideraron la participación, Bogotá y Antioquia registraron niveles mínimos. El desplome en los antiguos bastiones del petrismo evidencia un desencanto generalizado con el Pacto Histórico y el proyecto político de Gustavo Petro.

            El balance de la consulta interna del Pacto Histórico ofrece una radiografía política del país: un movimiento fracturado, con una base electoral en retroceso y territorios históricamente aliados del petrismo que hoy muestran desinterés. Según la Registraduría Nacional, la participación general fue baja, y los resultados dejan entrever que el entusiasmo de 2022 se ha convertido en una fatiga política que golpea directamente al oficialismo.

            En las cifras oficiales, Nariño (13,28 %), Cauca (13,15 %) y Sucre (12,36 %) encabezaron los niveles de participación, seguidos por Córdoba (11,03 %), Amazonas (10,82 %) y Putumayo (10,60 %). En estos departamentos, donde el Gobierno ha focalizado programas sociales y entrega de tierras, el Pacto todavía conserva algo de músculo político. De hecho, Córdoba se consolidó como el principal bastión gracias a la entrega masiva de 8.430 hectáreas de tierra por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) bajo la dirección de Juan Felipe Harman.

            Sin embargo, el contraste es evidente en los grandes centros urbanos. Bogotá, que en 2022 fue decisiva con 2,25 millones de votos (58,59 %) por Petro, apenas registró 379.545 votantes, es decir, un 6,14 % de participación. En Antioquia, el panorama fue aún más desalentador, con apenas 2,67 % de participación. Las cifras reflejan un agotamiento en las bases urbanas del petrismo, donde la gestión del Gobierno ha sido duramente cuestionada por su falta de resultados concretos en seguridad, empleo y economía.

            La votación en Córdoba también dejó en evidencia el peso de los actores ligados a la política agraria del Gobierno. Entre los más votados estuvo Miguel Leonardo Martín Peña, excontratista de la ANT, quien organizó los comités municipales de reforma agraria en la región. Tras finalizar su contrato, lanzó su candidatura a la Cámara de Representantes, respaldado por asociaciones beneficiadas con la entrega de predios, como el de Las Aguaditas, de 589 hectáreas. Para los analistas, su caso demuestra cómo la política de tierras se ha convertido en un instrumento de capitalización electoral.

            En la capital, la más votada fue la representante María Fernanda Carrascal, con 65.547 votos, seguida por Laura Daniela Beltrán Palomares (26.718) y María del Mar Pizarro (26.022). No obstante, incluso sumando sus resultados, el apoyo es marginal comparado con el obtenido por el petrismo hace tres años. La caída de la participación en Bogotá y el eje cafetero —Caldas (3,33 %), Risaralda (3,77 %) y Tolima (5,15 %)— consolida la lectura de que el Pacto está viviendo un proceso de desgaste interno, que podría poner en riesgo su estructura de cara a las elecciones de 2026.

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