Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti. La Casa Blanca los acusa de fomentar el narcotráfico y desmantelar la cooperación antidrogas. La decisión marca un punto de quiebre en las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington.

En un movimiento sin precedentes en la historia reciente de Colombia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti en la llamada Lista Clinton. La sanción, de carácter financiero y administrativo, prohíbe toda transacción con instituciones y empresas estadounidenses y congela los activos de los involucrados. La Casa Blanca acusó directamente a Petro de fomentar el tráfico internacional de cocaína y permitir el auge de los carteles en Colombia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. El documento sostiene que Petro “ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”. Según Washington, la sanción se ampara en la Orden Ejecutiva N°14059, que faculta a Estados Unidos para actuar contra cualquier extranjero que contribuya significativamente al narcotráfico mundial.

El informe menciona que, bajo el gobierno Petro, la erradicación de cultivos ilícitos cayó de 68.893 hectáreas en 2022 a solo 9.403 en 2024, y que su política de “paz total” habría otorgado beneficios a organizaciones criminales. Además, el Tesoro recordó el episodio en que Petro filtró información confidencial sobre el software Pegasus, lo que provocó la suspensión de Colombia del Grupo Egmont, una red clave en la lucha contra el lavado de activos. “Compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros, amenazando la integridad del sistema financiero internacional”, señaló el reporte.

El golpe también alcanza a su familia y colaboradores más cercanos. Nicolás Petro Burgos, catalogado por el Tesoro como “el heredero político” del mandatario, fue arrestado en 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito tras admitir haber recibido dinero del narcotráfico para financiar la campaña presidencial. En cuanto a la primera dama, Verónica Alcocer, se recuerda su designación “inconstitucional” como embajadora en misión especial, mientras que a Benedetti se le reprochan sus audios filtrados, en los que habló de votos y dineros ilícitos para la campaña.

La respuesta de Petro no tardó: “La amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado será Dany Kovalik”, escribió en X. Sin embargo, el impacto político es devastador. Analistas consideran que esta medida podría aislar al mandatario en el escenario internacional, dificultar la cooperación militar, bloquear fondos de USAID y deteriorar la imagen de Colombia ante los organismos multilaterales. El presidente Donald Trump, por su parte, endureció su discurso: “No toleraremos que el narcotráfico de Colombia envenene a los estadounidenses”.