Dilian Francisca Toro reclamó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por adjudicar predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a comunidades de otros departamentos sin coordinación con las autoridades locales. La mandataria advirtió que la falta de planificación está generando conflictos sociales y problemas de seguridad en el Valle del Cauca.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, encendió las alarmas por lo que calificó como una gestión desordenada y excluyente por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En una rueda de prensa, Toro manifestó su “profunda preocupación” ante la adjudicación de predios pertenecientes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a comunidades de otros departamentos, lo que —según explicó— ha derivado en conflictos de convivencia, bloqueos viales y riesgos de seguridad en distintas zonas del territorio vallecaucano.

“Estamos muy preocupados porque hemos tenido problemas de convivencia, bloqueos de vías y problemas de seguridad. La ANT no coordina ni con los municipios ni con la Gobernación del Valle y entrega tierras de la SAE que incluso muchas no tienen compra formal, sino un contrato que nos pasan de inmediato”, denunció la mandataria. Toro señaló que mientras se entregan tierras a campesinos del Cauca, en el Valle existen familias que llevan años esperando acceso a predios productivos para trabajar y vivir con dignidad.

La gobernadora reveló que cerca de 800 personas desplazadas se encuentran actualmente refugiadas en los coliseos de El Dovio y Bolívar, aguardando soluciones definitivas. “Hay muchos campesinos, afrodescendientes e indígenas del Valle del Cauca que necesitan el apoyo de tierras, y esas que son de la SAE deberían entregárseles a ellos primero”, subrayó. Municipios como Zarzal, San Pedro, Cerrito, Palmira y Ginebra han elevado solicitudes reiteradas sin obtener respuesta favorable de la ANT.

Frente a esta situación, Toro propuso la creación de una mesa técnica conjunta entre la Gobernación, la ANT y las comunidades campesinas, con el fin de garantizar un proceso de redistribución de tierras más justo, planificado y sostenible. La mandataria advirtió que la improvisación y la falta de articulación institucional profundizan la conflictividad rural y debilitan la confianza entre las comunidades y el Estado.

El pronunciamiento de la gobernadora refleja una tensión creciente en el suroccidente colombiano, donde los programas de redistribución de tierras impulsados por el Gobierno Nacional han generado choques entre comunidades locales y grupos provenientes de otras regiones. En el caso del Valle del Cauca, la disputa se ha convertido en un tema de seguridad, justicia territorial y autonomía regional, poniendo sobre la mesa la urgencia de replantear la política agraria con enfoque territorial y equidad regional.