El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti, incluyéndolos en la temida Lista Clinton por presunta complicidad con el tráfico internacional de drogas. La decisión se ampara en la Orden Ejecutiva 14059, firmada por la administración de Donald Trump, y supone el congelamiento inmediato de sus activos bajo jurisdicción estadounidense.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti en la Lista Clinton, bajo la acusación de “haber contribuido materialmente al incremento del tráfico internacional de cocaína”. El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que “desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.

La medida, sustentada en la Orden Ejecutiva N.º 14059, congela de inmediato los activos financieros de los sancionados en territorio estadounidense e impide que cualquier empresa o ciudadano de EE. UU. mantenga relaciones comerciales con ellos. En el documento oficial se señala que Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína, cuyo tránsito hacia Estados Unidos se realiza principalmente a través de carteles mexicanos. El informe también recuerda que Petro “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’”, generando niveles récord de cultivo y producción.

El presidente colombiano reaccionó de manera inmediata en su cuenta de X (antes Twitter): “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en defensa será Dany Kovalik”. En otro mensaje agregó: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

El documento del Tesoro también recordó que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) fue suspendida del Grupo Egmont en 2024, tras la filtración de información confidencial que habría comprometido la integridad del sistema financiero internacional. Según Washington, ese episodio “demostró la incapacidad del gobierno colombiano para proteger los canales de cooperación internacional contra el lavado de activos”. Además, el informe establece nexos de Petro con el régimen de Nicolás Maduro Moros y con el Cártel de Los Soles, a los que califica de “aliados en la expansión del narcotráfico regional”.

La sanción alcanza también a su círculo familiar. Sobre Nicolás Petro Burgos, se recordó su arresto en 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al admitir que recibió dinero proveniente del narcotráfico para financiar la campaña presidencial. En cuanto a Verónica Alcocer, el Tesoro cuestionó su designación como embajadora en misión especial, anulada luego por la justicia colombiana por violar la Constitución. Finalmente, sobre Armando Benedetti, el informe citó los audios filtrados en 2023 donde reconocía haber gestionado votos y recursos por $15 000 millones para la campaña. Con esta decisión, Washington marca distancia de un gobierno que, según la administración Trump, “ha fallado en su responsabilidad de controlar el narcotráfico y ha permitido la captura del Estado por intereses criminales”.