El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, explicó que la inclusión del presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se basa en presunta complicidad con el tráfico internacional de cocaína, incumplimiento del control de narcóticos y apoyo financiero o material al mandatario por parte de sus allegados.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado “a su nivel más alto en décadas”, contribuyendo a inundar Estados Unidos con droga. Este argumento fundacional conecta la sanción con la medida ejecutiva E.O. 14059, que permite penalizar a ciudadanos extranjeros “por haber participado o intentado participar en actividades que contribuyan materialmente al tráfico internacional de drogas ilícitas”.

Asimismo, el documento acusa a Petro de haber permitido que los cárteles prosperaran sin impedimentos: “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”, declaró Bessent. La sanción no solo golpea al presidente, sino a sus allegados más cercanos, subrayando que la acción es contra “su círculo de apoyo” y no únicamente contra la persona en el ejercicio del cargo.

En cuanto a Nicolás Petro Burgos, el informe del Tesoro lo identifica como “el heredero político” del presidente. Detalla que en 2023 fue detenido en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de canalizar dinero proveniente del narcotráfico hacia iniciativas de “paz total” y a la campaña presidencial de Petro. El texto apunta además a que Nicolás admitió haber recibido dinero ilícito de un individuo vinculado al narcotráfico.

Con respecto a Verónica Alcocer y Armando Benedetti, el comunicado sostiene que se encuentran sancionados porque “proporcionaron, o intentaron proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” al presidente Petro en el marco de esas actividades ilícitas. En el caso de Benedetti, se señala además su participación en la financiación de campañas políticas y obtención de votos para Petro.

Con estos argumentos, el Tesoro articula una línea de acusación integral: la política antidrogas del gobierno colombiano supuestamente fracasó, la familia del presidente estaba implicada y el ministro del Interior actuó como operador político dentro de ese entramado. Con ello, la inclusión en la lista busca aislar financieramente al mandatario y enviar un mensaje diplomático fuerte a Colombia.