El Gobierno Petro, a través del ministro de Justicia Eduardo Montealegre, presentó desde Shanghái el proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente de 71 delegatarios. Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas por su viabilidad política y jurídica, así como por la contradicción entre su narrativa de “superar el bloqueo institucional” y la dependencia del mismo Congreso que acusa de “obsoleto”.

Desde Shanghái, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre anunció el proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente con 71 delegatarios, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres. Según el ministro, se trata de “el punto de partida para construir las bases de la transformación que requiere Colombia”. En su mensaje, comparó la iniciativa con las grandes revoluciones sociales del siglo XX y advirtió que el país sufre un “bloqueo institucional” que solo puede resolverse con un nuevo pacto constitucional.

El texto propone que el pueblo decida mediante votación popular si aprueba la convocatoria de la Asamblea. La primera pregunta definiría la composición del órgano constituyente, mientras que la segunda otorgaría facultades para reformar la totalidad de la Constitución de 1991, con límites en materia de derechos humanos, tratados internacionales y el principio de no regresividad. El borrador contempla paridad de género y representación de minorías étnicas, campesinos, víctimas del conflicto, población LGBTIQ+, madres cabeza de familia, jóvenes y colombianos en el exterior.

Pero el proceso que busca “liberar” al país de su parálisis institucional depende, paradójicamente, del Congreso. La propuesta fija que “el Congreso convoca a la Asamblea Constituyente”, lo que obliga al Ejecutivo a buscar mayorías absolutas en Senado y Cámara para aprobar la ley de convocatoria. Ese requisito, según expertos, convierte al propio Congreso en el “cuello de botella” del proceso. Además, antes de que la ciudadanía pueda votar, la ley deberá pasar por una revisión automática de la Corte Constitucional, que podría frenar la iniciativa por errores de forma o vicios de trámite, prolongando el cronograma indefinidamente.

El proyecto también concede al presidente de la República facultades extraordinarias por seis meses para reglamentar la elección de los delegatarios. Esta cláusula ha despertado críticas por parte de la oposición, que ve en ella una concentración de poder peligrosa. El cronograma previsto —solo tres meses de deliberación para reescribir toda la Carta Magna— es considerado “irrealizable”. En palabras del senador Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, “convocar una Constituyente a meses de una elección presidencial es incendiar la democracia con fósforos electorales”.

Desde distintos sectores se cuestiona la oportunidad y el fondo de la propuesta. El concejal Papo Amín la calificó de “atropello a la Constitución”, afirmando que “van por todo” y que “ya tienen listo el borrador para una reforma total”. Analistas constitucionales coinciden en que el Gobierno enfrenta una contradicción de base: acusa al Congreso de ser un obstáculo, pero necesita de él para iniciar el proceso. En síntesis, el proyecto se enfrenta a su propia trampa institucional —una Constituyente para superar un sistema, pero dependiente del mismo sistema para nacer—.