Una investigación del Instituto Anticorrupción, dirigida por el abogado Camilo Enciso, reveló que la millonaria deuda de $3.600 millones reconocida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, ante la Corte Suprema, figura a nombre de su esposa Adelina Guerrero, quien reporta ingresos anuales de solo $300.000.

A más de cuatro años de haber declarado ante la Corte Suprema de Justicia, el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a estar en el centro de un escándalo financiero y político. En la indagatoria, Benedetti reconoció haber recibido un préstamo de $3.600 millones de parte del contratista Euclides Torres, conocido por sus millonarios contratos con el Estado. Sin embargo, este viernes, una investigación del abogado Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción, reveló que la deuda no está a nombre del ministro, sino de su esposa, Adelina Guerrero, lo que abre interrogantes sobre la naturaleza real del préstamo y su impacto en los posibles conflictos de interés.

“Según la declaración de renta de su esposa, Adelina Guerrero debe $3.729 millones, pese a que sus ingresos anuales fueron de apenas $300.000”, señaló Enciso en entrevista con W Radio, en el espacio dirigido por el periodista Daniel Coronell, quien tuvo acceso a los documentos.

La deuda tiene origen en la compra de una lujosa casa en Pradomar, en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico). Durante su declaración judicial, Benedetti justificó el préstamo describiendo su relación personal con Torres: “Es un amigo entrañable de hace diez años, padrino de mi hija y de un sobrino; tenemos una relación fraternal”, afirmó entonces. No obstante, el préstamo nunca fue reportado en las declaraciones de patrimonio y conflicto de intereses, lo que contrasta con la obligación legal de transparencia exigida a los altos funcionarios del Estado.

La investigación también apunta a un posible cruce de intereses entre Torres y el Ministerio del Interior. Enciso reveló que Benedetti nombró como viceministro a Jaime Berdugo, quien había trabajado para una de las empresas de Torres. A su vez, el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), entidad adscrita al Gobierno Nacional, adjudicó recientemente un contrato de $95.000 millones a una Unión Temporal en la que participa Euclides Torres, lo que aviva las sospechas sobre un posible favorecimiento.

Benedetti, por su parte, ha negado cualquier irregularidad. En declaraciones recientes, sostuvo que el préstamo “no debía ser declarado” porque “no estaba destinado a él”, sino a su esposa, y que todos los soportes están registrados ante la DIAN y la Corte Suprema. “Nada de esto tiene irregularidades. Todo está soportado y plenamente justificado”, afirmó. También defendió el nombramiento de Berdugo: “Es un hombre inteligente y su hoja de vida es intachable. Su designación se debe a sus méritos, no a sus vínculos”.

El caso reaviva la controversia sobre el poder e influencia de Euclides Torres, un contratista que ha financiado campañas políticas y mantenido vínculos con sectores del poder. Expertos consultados advierten que si se confirma que Benedetti omitió declarar una obligación patrimonial indirecta, podría configurarse una falta disciplinaria grave o incluso un posible delito de omisión de información pública, dependiendo de la interpretación de la Procuraduría y la Fiscalía. La Corte Suprema continúa con la investigación preliminar.