La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) del Gobierno Nacional pidió a varios medios de comunicación —entre ellos W Radio— entregar documentos internos sobre sus políticas editoriales, selección de contenidos y mecanismos de imparcialidad. La solicitud, con carácter de “información reservada”, ha desatado un debate sobre posible censura estatal y violación a la libertad de prensa.

Una carta con sello de “información reservada” enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a diferentes medios colombianos encendió las alarmas sobre una posible intromisión del Gobierno en la autonomía de la prensa. El documento, dirigido entre otros a W Radio, exige a los medios detallar sus políticas editoriales, procesos de verificación, criterios de selección de noticias y actas de reuniones editoriales, en un procedimiento que muchos periodistas han calificado como un acto de fiscalización ideológica.

“Se solicita información sobre las medidas internas para garantizar la imparcialidad, objetividad y veracidad de los contenidos informativos”, se lee en uno de los apartes del documento, que además pide explicar los “mecanismos para evitar sesgos o favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos”, así como la descripción de los procesos para separar hechos de opiniones.

La CRC —entidad encargada de regular los servicios de comunicación y no el contenido periodístico— también pidió detallar los protocolos de verificación de datos, controles de calidad informativa, procesos de autorregulación y capacitación del personal. Incluso exigió los soportes documentales de “las reuniones, comités o consejos editoriales” que determinen la orientación informativa y la elección de fuentes o enfoques noticiosos. La misiva da un plazo de 10 días hábiles para responder y advierte que el incumplimiento “podrá dar lugar a medidas administrativas correspondientes”.

El requerimiento cita normas sobre separación entre información y publicidad, justificando la medida en la “necesidad de garantizar el derecho constitucional a recibir información veraz e imparcial”. Sin embargo, analistas de medios y constitucionalistas han advertido que la CRC carece de competencia para exigir este tipo de información a las redacciones periodísticas, lo que configuraría una violación directa a la libertad de prensa y al secreto profesional, protegidos por los artículos 20 y 73 de la Constitución Política.

El presidente Gustavo Petro reaccionó ante la controversia asegurando que la solicitud se basa en un fallo reciente del Consejo de Estado, que limitó el uso excesivo de las alocuciones presidenciales. “Se dirige esa carta a actuar de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No se me censurará solamente a mí, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético”, afirmó Petro, interpretando el fallo como una restricción a su derecho de comunicación institucional.

El alto tribunal había determinado que las transmisiones presidenciales del 4 de febrero de 2025 en adelante vulneraron el pluralismo informativo por su frecuencia, duración y falta de justificación temática, obligando a la Presidencia a moderar su uso del espacio público mediático. Sin embargo, el intento del Gobierno de trasladar esa responsabilidad a los medios privados ha sido interpretado como un paso hacia la vigilancia editorial, una práctica propia de regímenes autoritarios.

El caso plantea un precedente grave: por primera vez en Colombia, una entidad del Ejecutivo solicita a los medios entregar documentos internos sobre su manejo informativo. Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y expertos en derecho constitucional, la solicitud de la CRC no solo es inconstitucional, sino que amenaza el principio de independencia periodística. El gremio periodístico advierte que este episodio podría marcar el inicio de una etapa de control estatal sobre la narrativa pública, algo que muchos califican ya como “vientos de dictadura informativa”.