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El concejal Daniel Briceño denunció que RTVC, bajo la gerencia de Hollman Morris, paga 16 millones de pesos mensuales al caricaturista y precandidato al Senado Julio César González (Matador), a través de la cooperativa Savi, que ha recibido más de 21.000 millones en contratos estatales.
Una denuncia del concejal bogotano Daniel Briceño (Centro Democrático) volvió a poner bajo el reflector el manejo financiero de RTVC Sistema de Medios Públicos, dirigido actualmente por Hollman Morris, cercano aliado político del presidente Gustavo Petro. Briceño reveló que el caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, recibe 16 millones de pesos mensuales por “asesorías en contenidos creativos” a través de la cooperativa Savi, una empresa privada que ha suscrito más de 21.900 millones de pesos en contratos con RTVC.
“Savi registra contratos por $21.928.640.860 con RTVC para prestar servicios audiovisuales. Luego, bajo el régimen privado, terminan contratando a gente como Matador para que nadie se dé cuenta”, denunció el concejal, señalando un posible esquema de tercerización opaca que disfraza la contratación directa de influenciadores afines al Gobierno.
El caso toma especial relevancia porque Matador, además de ser caricaturista, es precandidato al Senado por el Pacto Histórico y participará en la consulta interna de esa coalición el próximo 26 de octubre. En consecuencia, un precandidato político estaría recibiendo recursos públicos de un medio estatal, lo que abre una discusión sobre la violación del principio de neutralidad política y electoral en la administración pública.
La denuncia también expone la falta de control sobre los contratos del régimen privado dentro de RTVC, que según Briceño, estarían siendo utilizados como canales paralelos para financiar figuras cercanas al petrismo. “Tenemos denuncias de que mediante cooperativas y centrales de medios, influenciadores petristas están recibiendo más recursos de los que imaginamos, a través de empresas tercerizadas y pauta”, afirmó el concejal, asegurando que interpuso derechos de petición y tutelas para exigir información oficial sobre los pagos.
El escándalo se suma a cuestionamientos previos sobre la línea editorial de RTVC, que ha sido señalada de operar como un megáfono del Gobierno Petro, silenciando voces críticas y privilegiando contenidos alineados con la narrativa oficial. Según una investigación de La Silla Vacía, la franja de opinión política del canal público ha crecido un 690 % en tiempo al aire durante esta administración, consolidando su papel como herramienta de comunicación directa del Ejecutivo.
Fuentes internas de RTVC citadas por El Colombiano afirmaron que existen vetos a invitados y temas sensibles, especialmente en programas de análisis político. Entre los casos documentados, figuran el veto a Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para América Latina, y la negativa a entrevistar a un profesor de la Universidad del Rosario para hablar sobre la situación de Venezuela. Ambos episodios reflejan el sesgo informativo y la influencia política en la programación.
El escándalo por los pagos a Matador reabre el debate sobre la independencia de los medios públicos en Colombia, el uso de recursos estatales con fines partidistas y la creciente instrumentalización del sistema RTVC como aparato propagandístico. Hasta el momento, ni RTVC ni Hollman Morris han emitido una respuesta oficial sobre los contratos denunciados, mientras la Contraloría evalúa si abrirá una indagación preliminar por presunto detrimento patrimonial y violación a la Ley de Garantías Electorales.
