La senadora del Centro Democrático pidió a la Corte Constitucional apartar a Héctor Carvajal del debate sobre la reforma pensional, alegando conflicto de interés por contratos previos con Colpensiones. El magistrado fue abogado de Gustavo Petro antes de llegar al alto tribunal.

El debate sobre la reforma pensional entra en un terreno aún más tenso tras la decisión de la senadora Paloma Valencia de recusar al magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, de la Corte Constitucional, por presunta pérdida de imparcialidad. La solicitud, presentada el 4 de octubre de 2025, apunta a que el togado habría participado en la elaboración de conceptos jurídicos relacionados con la misma norma que hoy debe revisar, cuando era contratista de Colpensiones, entidad directamente vinculada con la aplicación de la Ley 2381 de 2024.

La recusación, sustentada en la jurisprudencia de la Corte, advierte que un juez no puede intervenir en un proceso si previamente emitió opinión o concepto sobre la materia en discusión, por comprometer su independencia. Valencia, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, asegura que Carvajal “ya conceptuó sobre la constitucionalidad de la disposición acusada” mientras asesoraba jurídicamente a Colpensiones, lo que lo inhabilitaría para decidir sobre la exequibilidad de la reforma.

Los documentos presentados por la congresista incluyen dos contratos de prestación de servicios. El primero, el contrato 070 del 29 de mayo de 2024, establecía que Carvajal debía asesorar en derecho administrativo y formular conceptos jurídicos sobre proyectos normativos de la entidad. Un informe de supervisión, citado por Valencia, indica que allí analizó aspectos constitucionales de la reforma pensional. El segundo contrato, el 005 del 3 de febrero de 2025, le asignó la tarea de emitir un concepto sobre la aplicación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, norma que ahora está bajo examen de constitucionalidad.

La senadora advirtió que la participación de Carvajal podría viciar el proceso judicial, especialmente porque su voto sería determinante en la votación que definirá el futuro de la reforma. Mientras tanto, el Gobierno busca blindar la ley frente a las acusaciones de vicios de trámite en la Cámara de Representantes, donde se denunció que el proyecto fue aprobado sin cumplir los requisitos procedimentales. La Corte Constitucional tiene la última palabra sobre si el Gobierno podrá mantener su principal bandera legislativa o si deberá reiniciar todo el trámite.

“El magistrado Héctor Carvajal no puede ser juez y parte. Su vínculo previo con Colpensiones compromete la independencia de la Corte en una decisión que afecta a millones de colombianos”, señaló Paloma Valencia, autora de la recusación.

El caso no solo pone en entredicho la imparcialidad del magistrado, sino que profundiza la confrontación entre el Gobierno Petro y la Corte Constitucional, luego de que el ministro de Justicia Eduardo Montealegre acusara al presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, de “hacer politiquería” y “servir a los poderosos”. Con esta nueva controversia, el debate sobre la reforma pensional entra en una fase crítica que podría marcar un precedente sobre la independencia judicial frente al poder político.