Roosvelt Rodríguez, exsenador de La U que se alineó con el petrismo a cambio de burocracia, salió del cargo tras el estallido del escándalo del concurso de notarios. La renuncia se da en medio de denuncias de corrupción, presiones políticas y la suspensión de un proceso que buscaba acabar con el clientelismo.

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta otro episodio de crisis y descrédito institucional. Esta vez, el escándalo golpea directamente a la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad clave en la administración pública y el sistema de justicia civil colombiano. La salida de Roosvelt Rodríguez Rengifo, un viejo barón político del Partido de La U que traicionó sus filas para abrazar la burocracia del petrismo, revela el nivel de descomposición interna en la gestión del Ejecutivo.

A través del Decreto 1039 del Ministerio de Justicia, Petro aceptó su renuncia, designando como reemplazo encargado a Augusto Alfonso Ocampo, actual secretario jurídico de la Presidencia. El movimiento se produce después de que la Procuraduría General de la Nación solicitara suspender el concurso de méritos para el nombramiento de notarios, argumentando graves irregularidades y advertencias de corrupción.

Lo que debía ser un proceso técnico y meritocrático terminó convertido en un nuevo capítulo del clientelismo. El concurso, organizado con el respaldo de la Universidad Libre, pretendía designar 350 notarios a través de exámenes y puntajes objetivos, rompiendo con la tradición de favores políticos. Sin embargo, el presidente Petro denunció públicamente la existencia de una “mafia” que estaría “vendiendo cupos por mil millones de pesos” para financiar campañas políticas de la derecha.

El problema es que, pese a las graves acusaciones, no presentó pruebas concretas. Y, en lugar de permitir que las autoridades judiciales investigaran, ordenó suspender el proceso hasta después de las elecciones de 2026, paralizando así una oportunidad histórica para limpiar el sistema notarial. Según sus propias palabras: “El concurso se suspende hasta que se aclare todo y se cumpla la orden de la justicia”.

Detrás de esa suspensión, sin embargo, se esconde una contradicción política evidente. El presidente que se presenta como enemigo del clientelismo ha permitido la designación a dedo de notarios en provisionalidad, muchos de ellos vinculados a políticos cuestionados o con nexos en escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Lo que debía ser un cambio estructural terminó replicando las mismas prácticas que Petro prometió erradicar.

Roosvelt Rodríguez, quien en su momento defendió la necesidad del concurso, se vio arrinconado por las denuncias, el enfrentamiento con la Procuraduría y las tensiones dentro del propio Gobierno. Su renuncia no es solo una salida administrativa: es otro síntoma del desgaste y la incoherencia del petrismo, que ha hecho de la lucha contra la corrupción un eslogan vacío.

Incluso dentro del gremio notarial hay rechazo a las acusaciones del presidente. Paulina Gómez, representante de los notarios ante el Consejo Superior de Carrera Notarial, afirmó que Petro “habla con base en rumores” y que no hay evidencia de la supuesta red mafiosa. “El mandatario lanza afirmaciones sin fundamento y con ello desacredita a funcionarios que sí han hecho carrera por mérito”, declaró.

El caso se ha convertido en un nuevo golpe a la credibilidad de un gobierno que prometió transparencia pero acumula renuncias, improvisaciones y escándalos. La salida de Rodríguez confirma que la llamada “mermelada progresista” tiene el mismo olor que la vieja política: favores, puestos y poder a cambio de lealtad.