Tras la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro, el ministro Armando Benedetti instó a todo el gabinete a devolver sus visados. La medida genera incertidumbre y hasta la posible expulsión del diplomático estadounidense John McNamara.
El panorama diplomático entre Colombia y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. La decisión del Departamento de Estado de revocar la visa del presidente Gustavo Petro —tras sus polémicas declaraciones en Nueva York llamando a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes— desató una crisis que hoy salpica a toda la administración.
Lejos de asumir la gravedad del hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, instó a todo el gabinete a devolver sus visados en señal de solidaridad con el mandatario. “Debería haber la solidaridad por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del Gobierno Nacional que estén comprometidos con el presidente ante esa injusta o no debida quitada de visa”, reclamó el ministro, insistiendo en que la medida de Washington tendría un carácter político dentro del marco de Naciones Unidas.
Benedetti no se detuvo allí. Aseguró que el verdadero problema no radica en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, sino en el enfrentamiento directo entre Petro y Donald Trump, quien volvió al poder con una postura firme frente al mandatario colombiano. Incluso deslizó la posibilidad de una represalia diplomática: expulsar al encargado de Negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, quien hoy funge como embajador. “En las próximas horas se determinará”, dijo.
La crisis estalló después de que el presidente Petro participara en una protesta en Times Square, en rechazo a la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la ONU. En medio de una multitud de unas 2.000 personas, Petro tomó un megáfono y pidió a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes relacionadas con el conflicto en Gaza, declaraciones que Washington consideró “imprudentes e incendiarias”. Ese fue el argumento central para retirarle la visa.
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio no tardó en reaccionar. En un comunicado difundido el lunes, anunció su renuncia voluntaria al visado estadounidense, calificándola como un “acto de dignidad” frente a lo que consideró una inaceptable injerencia en la soberanía colombiana. “Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, declaró. En la rueda de prensa, fue más allá: “Negar o revocar una visa como arma diplomática atenta al espíritu mismo de la ONU. Si no se garantizan esas condiciones, será imprescindible replantear que Nueva York siga siendo la sede”.
Sin embargo, para críticos y analistas diplomáticos, la maniobra del gobierno no es más que una respuesta improvisada que profundiza el aislamiento internacional de Colombia. Mientras Petro insiste en victimizarse, Estados Unidos ha dejado claro que el problema es la conducta del mandatario, no un supuesto ataque a la soberanía. La amenaza de expulsar a McNamara podría agravar el conflicto y generar consecuencias en materia comercial, de cooperación en seguridad y de lucha contra el narcotráfico.
La pregunta que surge ahora es hasta dónde llegará la estrategia del Ejecutivo. ¿Seguirán los ministros la presión de Benedetti y renunciarán en bloque a sus visas? ¿O primará la sensatez diplomática en medio de un escenario cada vez más adverso para Colombia? Lo cierto es que la imagen internacional del país vuelve a deteriorarse, esta vez por la improvisación de un gobierno que no mide el costo de sus palabras ni de sus gestos políticos.
“Lo que dijo el presidente lo piensan todos los presidentes de las naciones, pero ninguno fue capaz de decirlo”, defendió Benedetti. La realidad, sin embargo, es que Colombia hoy paga el precio de un discurso incendiario que dejó a su jefe de Estado sin visa y a su política exterior sumida en la incertidumbre.
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