Mientras Gustavo Petro pedía a soldados de EE. UU. desobedecer órdenes, a su lado estaba un hombre cuestionado por presunto acoso sexual contra estudiantes, incluso menores de edad: Víctor de Currea-Lugo.

El 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro tomó un megáfono en medio de una protesta en Nueva York y pidió a soldados estadounidenses desobedecer órdenes relacionadas con la guerra en Gaza. A su lado estaba Víctor de Currea-Lugo, médico, exprofesor universitario y hoy asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Su presencia generó rechazo inmediato: sobre él recaen múltiples denuncias de presunto acoso sexual, varias de ellas provenientes de estudiantes que en su momento eran menores de edad.

Las acusaciones contra De Currea-Lugo no son nuevas. Desde 2014, alumnas de la Universidad Nacional y la Javeriana lo señalaron de conductas de acoso. Una de las denunciantes aseguró que vivió un intento de acceso carnal violento, mientras que otras lo describen como un patrón de hostigamiento sistemático. Aunque ninguno de estos procesos ha avanzado judicialmente, las voces de las víctimas han sido reiteradas y constantes.

A pesar de esto, el presidente Petro lo nombró embajador en Emiratos Árabes en enero de 2023. Ese intento se frustró tras la ola de denuncias y la presión pública. “Declino su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue”, escribió De Currea-Lugo al renunciar. Sin embargo, en junio de 2025 regresó a la esfera pública como asesor en el Dapre, en un cargo de confianza directa del presidente.

El regreso fue calificado como una bofetada por parte de las organizaciones feministas. La abogada Viviana Vargas Vives, exlíder de Género del Ministerio del Interior, señaló: “Conocí la gravedad y sistematicidad de los actos de acoso y depredación sexual de De Currea-Lugo. Algunas víctimas eran menores de edad”. Por su parte, Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, cuestionó: “¿Cuál es el mensaje que manda el presidente cuando insiste en ubicar a hombres con denuncias creíbles de violencia de género en cargos de confianza?”.

Las críticas apuntan directamente a la contradicción entre el discurso presidencial de justicia y derechos humanos, y la defensa de figuras con antecedentes tan cuestionados. Para las víctimas, resulta doloroso ver cómo, una vez más, su testimonio es ignorado y el silencio institucional se convierte en complicidad.

El Gobierno insiste en que no hay condenas judiciales y, por lo tanto, no existen impedimentos formales. Sin embargo, la indignación crece dentro y fuera del país, pues lo que está en juego es la coherencia ética de un gobierno que prometió proteger a las mujeres y garantizar sus derechos, pero que hoy pone al lado del presidente a un hombre acusado reiteradamente de acoso y violencia sexual.