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La Casa de Nariño expidió la Resolución 327 con la que Gustavo Petro reincorpora a reconocidos criminales de las AUC como “gestores de paz”. Nombres como don Berna, Jorge 40 y Salvatore Mancuso aparecen en la lista. La medida revive el fantasma de la impunidad y se convierte en una bofetada a miles de víctimas del paramilitarismo
El Gobierno Nacional, bajo la dirección de Gustavo Petro, tomó la polémica decisión de devolver la categoría de gestores de paz a 16 excomandantes paramilitares responsables de masacres, secuestros, desplazamientos y crímenes atroces. Mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, se les otorga un salvoconducto que estará vigente hasta el 6 de agosto de 2026, un día antes de que termine el mandato presidencial.
En la lista figuran nombres que estremecen a las víctimas: Diego Murillo Bejarano (‘don Berna’), Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’), Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), Fredy Rendón Herrera (‘el Alemán’), Ramiro Vanoy (‘Cuco’), entre otros. Todos ellos han sido señalados de dirigir estructuras que bañaron en sangre regiones enteras del país bajo la excusa de combatir a la guerrilla.
Como parte de la medida, el Gobierno también creó un Comité Técnico para el Cierre de la Mesa de Diálogo Social con exmiembros de las AUC, en el que participarán la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. El objetivo oficial es “dar cierre” a los procesos inconclusos de la Ley de Justicia y Paz.
No es la primera vez que el Ejecutivo de Petro les concede esta categoría. En 2023, los mismos exjefes ya habían sido nombrados gestores, pero renunciaron en bloque denunciando falta de seriedad del Gobierno y lanzando dardos contra el comisionado de paz Otty Patiño. Esta reincidencia en el beneficio deja en entredicho la coherencia de la política oficial y pone de relieve la facilidad con la que quienes sembraron el terror logran recuperar protagonismo político.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del decreto asegurando que el verdadero objetivo es obligar a los excomandantes a “decir la verdad, reparar y ayudar a reconstruir el tejido social”.
“Quien critique esta resolución lo acuso de tenerle miedo a la verdad o de ser cómplice de todo lo que ha pasado en este desastre de país”, sentenció Benedetti.
Sin embargo, la frase fue interpretada como un intento de silenciar a las víctimas y a los sectores de la sociedad que consideran esta designación como un pacto de impunidad.
La inclusión de exparamilitares con prontuarios tan oscuros es vista como un insulto directo a las comunidades que aún esperan justicia y reparación. No solo se les otorga visibilidad política, sino que se les devuelve una voz pública bajo el rótulo de gestores de paz, cuando miles de sus crímenes siguen sin esclarecerse y muchas familias continúan buscando a sus desaparecidos.
Más allá de los tecnicismos del decreto, el hecho de que criminales confesos vuelvan a ser reconocidos con prerrogativas especiales desde el mismo Palacio Presidencial evidencia la contradicción entre el discurso oficial de “justicia para las víctimas” y la realidad de una política que revive heridas y multiplica la desconfianza en las instituciones.
