La circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González quedó en firme, pero su asilo en Nicaragua limita el alcance de la medida: solo tendría efectos si abandona ese territorio.

La expedición de la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) e investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), parece tener más un efecto simbólico que real. Aunque la notificación internacional fue publicada este 22 de septiembre por Interpol, el asilo político otorgado por Nicaragua convierte la medida en un “saludo a la bandera”.

En la práctica, ese país no procederá a capturarlo, pues el estatus de asilado lo protege de cualquier acción judicial extranjera dentro de su territorio. La circular solo tendría efectos si González abandona Nicaragua y pisa jurisdicciones que reconozcan la alerta internacional. Mientras el exfuncionario permanezca allí, la orden no pasará de ser una herramienta de presión diplomática sin ejecución real. Tal como explicó un experto en derecho internacional: “Cuando un país otorga asilo, lo que está señalando es que no va a hacer efectiva la captura. Es decir, no se hace efectiva”.

Desde el pasado 4 de julio, la Fiscalía General de la Nación había solicitado a Interpol la expedición de la circular roja contra González. Sin embargo, solo hasta este lunes 22 de septiembre el organismo con sede en Lyon, Francia, aprobó la alerta. La demora fue llamativa, ya que en casos similares, como el de César Manrique, exdirector de Función Pública e igualmente vinculado al entramado de la UNGRD, la notificación se tramitó con mayor rapidez.

En el caso de González, el proceso requirió un análisis más exhaustivo debido a que recibió asilo político en Nicaragua, país en el que permanece desde mediados de este año. Los estatutos de Interpol prohíben utilizar las circulares rojas con fines políticos, militares, raciales o religiosos, por lo que, en casos de protección internacional, se exige una revisión adicional para garantizar que la solicitud judicial no esté contaminada por motivaciones políticas internas.

El pasado 5 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra González, a quien se le señala de haber tenido un papel determinante en la manipulación de contratos y entrega irregular de recursos de la UNGRD. Según la investigación, su rol habría sido clave en la red de corrupción que involucró a congresistas y funcionarios, desviando fondos que debían atender emergencias en el país.

Aunque la circular roja representa un avance en el proceso judicial, la realidad es que el asilo concedido por Nicaragua lo convierte en un escudo eficaz para el exfuncionario. Solo un eventual desplazamiento fuera de ese territorio podría hacer efectiva la captura. Hasta entonces, la medida internacional permanece limitada en sus alcances.