Interpol aprobó la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y figura clave del escándalo UNGRD, quien permanece asilado en Nicaragua.

Pasados más de dos meses desde que la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente la medida, este lunes 22 de septiembre se confirmó que Interpol emitió la circular roja internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. La decisión fue aprobada y publicada por la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia, según informó la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia.

La demora en la emisión de la alerta había generado suspicacias, ya que en casos similares, como el de César Manrique, exdirector de Función Pública e igualmente vinculado al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el trámite se resolvió con rapidez. En este caso, la diferencia se explica por un factor clave: González recibió recientemente asilo político en Nicaragua, lo que obligó al organismo internacional a realizar un análisis más exhaustivo para evitar que la circular fuera utilizada con fines políticos, tal como lo establecen sus estatutos.

A principios de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra González en el marco del proceso por corrupción en la UNGRD. El tribunal resaltó que el exfuncionario, debido a su trayectoria y cercanía con el poder político, representa un alto riesgo procesal y está vinculado con una estructura criminal en la que al menos cinco integrantes ya suscribieron preacuerdos con la Fiscalía, aceptando cargos y señalando directamente a González como responsable.

El exdirector del Dapre es acusado de ser el artífice de un esquema de sobornos que habría implicado desviar dineros públicos para ofrecer dádivas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), con el fin de facilitar la aprobación de proyectos y reformas del Gobierno Nacional. La Fiscalía le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. Aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de acusarlo por lavado de activos, no se hallaron pruebas suficientes para sustentar ese cargo.

Desde que comenzó a figurar en el expediente, González emprendió una ruta internacional que incluyó estancias en ciudades como Barcelona (España), hasta llegar a Nicaragua, donde obtuvo el asilo político que hoy dificulta su captura. A pesar de la orden judicial, las autoridades colombianas no han logrado que comparezca ante la justicia.

La Cancillería colombiana solicitó formalmente su extradición, pero el gobierno de Managua rechazó el pedido con el argumento de que González goza de estatus de asilado político. En paralelo, el caso también ha salpicado al diplomático Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua, señalado de haber facilitado la salida del exfuncionario para evadir la justicia.

El proceso contra González representa uno de los capítulos más delicados del escándalo de corrupción de la UNGRD, un caso que involucra a congresistas, altos funcionarios y operadores políticos, y que ha sacudido de manera directa al Gobierno Petro. La emisión de la circular roja marca un nuevo capítulo en la presión judicial e internacional para que González rinda cuentas ante los tribunales colombianos.