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La Fiscalía alista una nueva imputación contra Nicolás Petro por contratos irregulares, falsedad en documento y tráfico de influencias. El hijo del presidente podría enfrentar prisión mientras se destapan sus reuniones con ministros y maniobras políticas.
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo capítulo judicial que amenaza con llevarlo a la cárcel. Lo que parecía una historia olvidada resurgió con fuerza: la Fiscalía, en cabeza de la fiscal Lucy Laborde, citó a audiencia de imputación para el próximo 1 de octubre, en la que se le acusará por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento y tráfico de influencias.
Hasta ahora, Nicolás Petro había transitado por el escándalo con relativa tranquilidad, pese a que él mismo admitió haber recibido dinero de cuestionados personajes del Caribe para la campaña del Atlántico, según lo confesado a la Fiscalía y a la revista Semana. Pero la nueva arremetida judicial pone de nuevo el foco en su papel como político local y, después, como hijo del presidente más poderoso de la izquierda colombiana.
La Fiscalía ya lo había acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, señalando que sus gastos superaban los 200 millones de pesos mensuales, caso en el que su expareja Day Vásquez reveló aportes de personajes como el Turco Hilsaca y Santander Lopesierra, “el hombre Marlboro”. Ahora, el expediente se amplía con dos frentes clave: los contratos de la Fundación Conciencia Social en la Gobernación del Atlántico y las reuniones sostenidas con un amplio listado de ministros y funcionarios del Ejecutivo.
Los chats entre Nicolás y Vásquez, hoy en poder de la Fiscalía, evidencian cómo ambos negociaban cuotas, hojas de vida y posibles “ganancias” de contratos que apenas se ejecutaban. En 2021, bajo la administración de la entonces gobernadora Elsa Noguera, Conciencia Social recibió un contrato por 400 millones de pesos para implementar centros de vida móviles de atención psicosocial para adultos mayores en el corregimiento de El Carmelo. En 2022, obtuvo otro contrato cercano a 600 millones de pesos con la misma finalidad. Según los mensajes, Vásquez aseguraba que de uno de estos convenios a ella le correspondían 120 millones, una operación de la que Nicolás estaba plenamente enterado.
La influencia del hijo del presidente no se limitó a los contratos departamentales. Tras la victoria de su padre en 2022, Nicolás comenzó a visitar Bogotá con frecuencia, pidiendo reuniones con ministros y directores de entidades del Gobierno. Según fuentes judiciales, el listado es mucho más amplio de lo que se creía: Alfonso Prada, Mauricio Lizcano, Luis Carlos Reyes, María Isabel Urrutia, Germán Umaña, Gloria Flórez, Carolina Corcho, Cecilia López, Alejandro Gaviria, Hildebrando Vélez y otros aparecen en la agenda de encuentros. En uno de los casos más delicados, Reyes, entonces director de la DIAN, confirmó que Nicolás le pidió la entrega de las aduanas de Barranquilla y Cartagena junto a Adelina Covo.
Los chats también revelan gestiones para obtener cupos burocráticos. En un mensaje dirigido a Vásquez, Nicolás Petro afirmó: “Prada me dio 10 cupos, tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, otro para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”. Esa dinámica de favores y cuotas alimenta hoy la imputación por tráfico de influencias.
La Fiscalía estudia incluso solicitar medida de aseguramiento intramural contra Petro Burgos, lo que marcaría un hito: el primer hijo de un presidente colombiano que podría terminar en prisión por corrupción. La defensa, encabezada por su abogado, ha intentado desacreditar a Day Vásquez y denunciar supuestas conspiraciones de exfiscales como Mario Burgos y Francisco Barbosa, así como de periodistas críticos. Sin embargo, las pruebas materiales y los testimonios muestran un entramado mucho más difícil de evadir.
El presidente Gustavo Petro, que en un principio aseguró que no intervendría en el proceso, terminó visitando a su hijo en Barranquilla tras recuperar la libertad condicional y reunirse con su nieto. Desde entonces, Nicolás ha moderado sus declaraciones, abandonando la línea de que tenía información comprometedora sobre la campaña presidencial de su padre. Hoy, su defensa insiste en que todo hace parte de una “persecución política y mediática”.
La fiscal general Luz Adriana Camargo tendrá que demostrar que la justicia en Colombia se aplica sin importar los apellidos ni el poder político. El reto es inmenso: con la presión de un proceso que pone a prueba la independencia judicial, el país espera respuestas frente al hombre que encarna la frase: “El poder para qué”, ahora convertido en protagonista de uno de los mayores escándalos de tráfico de influencias y corrupción en los últimos años.
