El expresidente de la Cámara enfrenta un proceso por presunta concusión, clientelismo y abuso de poder ligado a un negocio privado durante la pandemia.

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la apertura de una investigación formal contra el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, por el delito de presunta concusión. El proceso busca establecer si el congresista incurrió en el uso irregular de sus asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para fines personales y, además, si los presionó para realizar pagos y consignaciones con parte de sus salarios.

De acuerdo con la Sala de Instrucción, ya se practican pruebas y se han recibido declaraciones. En los próximos días se fijará la fecha para la diligencia de indagatoria contra Racero Mayorca. En paralelo, el Consejo de Estado adelanta un proceso de pérdida de investidura por hechos similares, al estudiar pruebas documentales y testimoniales.

El detonante de este caso fue una investigación periodística del comunicador Daniel Coronell, quien reveló audios y conversaciones que comprometen al congresista. En las grabaciones, Racero detalla las condiciones laborales de una vacante para su fruver (minimercado de frutas y verduras), propiedad del legislador. Allí se escucha al político ofreciendo un salario de $1.000.000 sin prestaciones, con una jornada de 13 horas diarias de lunes a sábado, y un único día de descanso. Además, pedía que el empleado cumpliera funciones de cajero, aseador, cocinero y encargado de baños, describiéndolo como un “todero”.

Paralelamente, chats de WhatsApp entre Racero y miembros de su equipo evidencian órdenes a sus asesores para realizar pagos personales. En uno de los mensajes, solicita a su colaboradora Estefanía Montoya pagar $3.500.000 a un tercero, y cubrir una deuda de $2.375.000 en una tarjeta de crédito del congresista. Estos elementos forman parte del expediente del Consejo de Estado y de la investigación en la Corte Suprema.

La controversia se agrava porque Racero ha construido su imagen política como defensor de los derechos laborales y opositor a la precarización, denunciando malas prácticas empresariales y promoviendo el sindicalismo. Sin embargo, las revelaciones lo dejan expuesto a un posible escenario de muerte política, contradiciendo sus discursos previos contra el clientelismo y la corrupción.

Finalmente, también se le cuestiona por presunto tráfico de influencias en el SENA, donde habría recomendado nombres para remover funcionarios y ubicar a personas cercanas. Estos hechos, aún bajo investigación, contrastan con su trayectoria como expresidente de la Cámara y figura visible del Pacto Histórico.