La reciente directiva de la Fiscal Luz Adriana Camargo suspende las órdenes de captura, incluyendo a los extraditables, siguiendo las órdenes de Gustavo Petro y desafiando acuerdos internacionales de cooperación judicial.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha generado una controversia significativa con la emisión de la directiva 0003 de 2025, que suspende las órdenes de captura contra personas que integran grupos armados en proceso de negociación con el Gobierno Nacional. Esta directiva incluye a aquellos solicitados por extradición, quienes, según el Gobierno, forman parte de los diálogos de paz o de procesos de sometimiento.

Con esta medida, la Fiscalía da un giro drástico en la cooperación judicial internacional, especialmente en lo que respecta a acuerdos con países como Estados Unidos. En su directiva, Camargo sostiene que, basándose en la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022), corresponde a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de los miembros de los grupos armados con los cuales el gobierno colombiano está negociando, independientemente de si estos individuos están en lista para ser extraditados. Esta decisión pone de manifiesto una clara jerarquía entre la política interna del Gobierno, representada por la paz total, y los compromisos internacionales en materia de extradiciones y cooperación judicial.

La propia directiva subraya que la Ley de Paz Total da prioridad a los acuerdos de paz sobre los acuerdos internacionales de cooperación judicial, un punto controversial que muchos consideran un golpe a la colaboración internacional. En palabras de la fiscal, «la expectativa nacional de la paz total se encuentra por encima de los acuerdos internacionales de cooperación judicial, especialmente en los estados avanzados de negociación».

Este cambio de postura es especialmente notable porque, en su rol anterior, la fiscal Camargo fue una firme defensora de la cooperación judicial internacional. La misma fiscal, que ha representado a Colombia en encuentros de fiscales y ministerios públicos de Iberoamérica, ahora coloca esas relaciones por debajo de los intereses del Gobierno colombiano en el contexto de las negociaciones de paz. En otros momentos de su administración, la ayuda internacional, especialmente de países como Estados Unidos, fue fundamental para la lucha contra organizaciones criminales de gran alcance, incluyendo el narcotráfico y el terrorismo.

Sin embargo, la directiva también abre el debate sobre la efectividad y la ética de las negociaciones de paz con grupos armados organizados. Si bien la paz total es una promesa electoral de Gustavo Petro, su fracaso en todos los ámbitos está generando una tensión evidente con las políticas de cooperación judicial que han sido clave en la resolución de crímenes transnacionales y la extradición de criminales hacia otros países.

Este enfoque de priorizar la paz total sobre la cooperación internacional podría tener implicaciones importantes para la política exterior de Colombia y sus relaciones con otras naciones, especialmente en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.