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La Fiscalía General imputó a Carlina, una mujer trans de 66 años, por presuntamente abusar sexualmente de un interno con discapacidad cognitiva dentro del centro carcelario de Jamundí, donde cumplía una condena previa por abuso a menor de edad.
Un nuevo y grave caso de presunto abuso sexual fue reportado al interior de una cárcel en Colombia. Esta vez, el hecho ocurrió en el complejo carcelario de Jamundí, Valle del Cauca, donde un hombre trans identificado como Carlina, de 66 años, fue imputado por la fiscalía general de la Nación por el delito de acceso o acto sexual abusivo con persona en condición de incapacidad de resistir. La víctima sería un hombre de 32 años, privado de la libertad, con una discapacidad cognitiva severa.
Los hechos investigados por el ente acusador se habrían presentado entre el 28 y 29 de marzo de 2024, según consta en la audiencia preliminar de imputación. Carlina, quien se desempeñaba como promotora de salud dentro del penal, habría utilizado esa condición para establecer contacto frecuente con el recluso, quien, por su estado de salud mental, no tenía plena capacidad de comprensión ni resistencia frente a actos sexuales.
La Fiscalía sostiene que la implicada se valió del estado de vulnerabilidad de la víctima para someterlo a prácticas sexuales no consentidas. En el proceso judicial, se expuso que el joven afectado requería acompañamiento constante, presentaba dificultades de comunicación y necesitaba asistencia para actividades básicas, lo que lo convertía en un objetivo fácil para ser instrumentalizado y abusado.
Carlina ya se encontraba condenada por un delito de características similares. Actualmente purga una pena de 32 años por abuso sexual contra un menor de edad. La gravedad de este nuevo caso y su reincidencia en conductas delictivas sexuales llevó a que un juez de control de garantías le impusiera nuevamente medida de aseguramiento intramuros, esta vez por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir.
La situación ha despertado alarma sobre las condiciones de supervisión y protección al interior de los centros penitenciarios, especialmente frente a personas con condiciones cognitivas especiales. Expertos en derechos humanos han señalado que el sistema penitenciario colombiano carece de mecanismos adecuados para garantizar la integridad de reclusos con discapacidad, lo que abre la puerta a que sean revictimizados dentro de los propios entornos de reclusión.
En paralelo a este caso, la Fiscalía también reveló otra imputación por delitos sexuales ocurridos en la misma región. Róbinson Steve Arrechea Riascos, de 29 años, fue acusado de acceso carnal violento y secuestro simple, ambos agravados. Según la investigación, en enero de 2017 habría engañado a una menor de 16 años para llevarla a un lugar desconocido donde fue abusada por él y otros dos hombres.
El Ministerio Público confirmó que en este segundo caso, se utilizó a un tercero para acercarse a la menor, y luego forzar su desplazamiento hasta un sitio donde fue retenida contra su voluntad. Los delitos habrían sido cometidos en jurisdicciones de Jamundí y del norte del Cauca. Actualmente, se tramita la solicitud de medida de aseguramiento contra Arrechea Riascos, quien no aceptó los cargos.
Ambos procesos evidencian una preocupante situación de vulnerabilidad para las víctimas de violencia sexual en Colombia, tanto dentro como fuera de los entornos carcelarios. La Fiscalía reafirmó su compromiso para llevar estos casos hasta las últimas consecuencias judiciales, especialmente cuando involucran a víctimas en condiciones de desprotección o afectaciones mentales.
La Procuraduría, Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales han pedido que se refuercen los protocolos de ingreso y seguimiento a personas con antecedentes por delitos sexuales en los penales, y que se garantice la protección de internos que, por su condición, pueden estar expuestos a abusos. También han exigido reformas en los protocolos de vigilancia, atención médica y reparto de roles internos, como el de promotor de salud, que habría sido aprovechado para ejecutar este nuevo abuso.
La imputación contra Carlina ha generado debate público, tanto por las condiciones en que se dio el presunto delito como por las fallas institucionales que habrían facilitado la agresión. Organismos de control han solicitado que este caso sea tratado con la máxima rigurosidad y se convierta en punto de partida para revisar los estándares de protección en las cárceles del país, especialmente para personas en condiciones de vulnerabilidad cognitiva o física.
