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Exjefe del Dapre y hombre de confianza de Petro desde tiempos en el M19 Enfrenta 30 Años de cárcel y está en Nicaragua
La fiscalía general de la Nación dio un paso contundente en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): solicitó medida de aseguramiento en prisión contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los alfiles más cercanos del presidente Gustavo Petro. Imputado por cohecho, peculado por apropiación a favor de terceros, y lavado de activos, González enfrenta cargos que podrían llevarlo a una condena de hasta 30 años. La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, tras una audiencia de cuatro horas y media, señaló que González “no cuenta con arraigo” y estaría en Nicaragua, según informes de policía judicial, lo que amenaza la continuidad del proceso.
La investigación apunta a que González orquestó un esquema de sobornos desde el Palacio de Nariño, desviando $4.000 millones de la UNGRD: $3.000 millones para el expresidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones para el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de apoyo a las reformas del gobierno en 2023. Audios y testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, revelan reuniones en septiembre de 2023 donde González habría ordenado cambiar contratos por $70.000 millones por pagos en efectivo. “Era un acuerdo entre ellos con mi presencia”, afirmó López. La Fiscalía subrayó que González, consciente de las dificultades legislativas, usó su posición para “mancillar el erario” y resquebrajar la administración pública.
La situación de González se complica por su presunta huida. La fiscal destacó que ni su esposa conoce su paradero exacto, y su participación virtual en audiencias no garantiza su comparecencia. “Se ha determinado que existen motivos graves sobre su vinculación a una organización criminal”, afirmó, justificando la prisión intramural. Su defensa, liderada por Iván Cancino, alega una “situación de fuerza mayor” por su relación con Nicaragua, donde González tendría estatus de “persona protegida”, pero la Fiscalía insiste en que su ausencia es premeditada para evadir la justicia.
El caso expone las fisuras de un gobierno que prometió cambio, pero enfrenta acusaciones de corrupción en su círculo más cercano. ¿Logrará González eludir la justicia desde Nicaragua, o caerá el peso de la ley sobre el exintocable?
