El procurador Gregorio Eljach afirmó que la consulta popular impulsada por Gustavo Petro fue “formalmente negada” por el Senado, descartando cualquier discusión jurídica.

En la edición 59 de la Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó una declaración que sacude la agenda del presidente Gustavo Petro: la consulta popular propuesta por el gobierno fue “formalmente negada” por el Senado de la República, cerrando cualquier debate jurídico sobre su viabilidad. “Se negó formalmente, y así está establecido, no cabe discusión alguna”, afirmó Eljach. Su postura, que defiende la decisión del Congreso, choca frontalmente con las intenciones de Petro de convocar la consulta por decreto, un movimiento que ha generado advertencias de una posible crisis institucional.

Eljach, exsecretario del Senado y elegido procurador con 95 votos en octubre de 2024, subrayó que el Consejo de Estado es el competente para resolver la legalidad del “decretazo”. “Dejémoslos en tranquilidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos”, dijo, pidiendo no perturbar a los jueces que estudian una demanda contra la votación del Senado del 14 de mayo de 2025, que rechazó la consulta por 49 a 47. El gobierno Petro, que denunció irregularidades en esa sesión, ha solicitado a la Corte Constitucional revisar la legitimidad del decreto, argumentando una supuesta tendencia favorable en ese tribunal. Sin embargo, Eljach insistió: “A lo que defina el Consejo de Estado, acataremos lo que diga la justicia”.

La controversia no es menor. Petro, con una desaprobación del 60% según Invamer (diciembre 2024), ve en la consulta un salvavidas para su reforma laboral, hundida en el Congreso. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, certificó la negación de la consulta en una carta a Petro, calificándola de “cadáver sepultado” y acusando al gobierno de usar $800.000 millones para “hacer campaña antes de tiempo”, según La Silla Vacía. Juristas advierten que un decreto unilateral podría desencadenar una crisis institucional, especialmente tras fallos del Consejo de Estado contra nombramientos diplomáticos y transmisiones de consejos de ministros.