Los escandalosos audios en poder de la fiscalía revelan la corrupción endémica en el Corazón de gobierno de Gustavo Petro

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tomó un giro explosivo el 6 de junio de 2025, cuando la fiscalía general de la Nación presentó audios que comprometen a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. Según las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, los sobornos de $4.000 millones destinados a los congresistas Iván Name, entonces presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara, tenían un propósito más oscuro: financiar las campañas electorales de sus hijos, incluyendo la de la hija de Name al Concejo de Bogotá. Imputado por lavado de activos, peculado, y cohecho, González enfrenta una solicitud de prisión mientras la justicia intenta desentrañar una red de corrupción que opera desde lo más alto del gobierno de Gustavo Petro.

López, en su declaración bajo un principio de oportunidad, detalló reuniones en el tercer piso del Palacio, dirigidas por González, donde se negociaron los sobornos. Inicialmente, se ofrecieron contratos por $70.000 millones, pero González ordenó cambiarlos por efectivo: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle, fondos provenientes de la contratación irregular de la UNGRD. “Era para la campaña de la hija de Iván Name, había que sacarla al Concejo de Bogotá”, afirmó López. El exdirector incluso señaló que Name le agradeció por gestionar el dinero, un gesto que subraya la profundidad del esquema. Estos audios, presentados ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, son la piedra angular de la Fiscalía para justificar la prisión de González, argumentando que su libertad pone en riesgo el proceso.

La hija de Name, María José Name, candidata al Concejo en 2023, no logró la curul, pero el intento de financiar su campaña con fondos públicos, según López, expone un sistema donde el poder se negocia en efectivo. González, un veterano del Partido Verde, niega las acusaciones, pero su rastro en Nicaragua, reportado por Semana, alimenta las sospechas de la Fiscalía sobre su intención de evadir la justicia.

La UNGRD, diseñada para proteger a las víctimas de desastres, se ha convertido en un pozo de irregularidades. Mientras el país enfrenta emergencias climáticas, los recursos destinados a los más vulnerables terminaron, según la Fiscalía, en las manos de congresistas y sus familias. La imputación de González plantea preguntas incómodas: ¿cómo se gestó esta red bajo la nariz del presidente Petro? ¿Es González el cerebro o un peón sacrificado por el verdadero jefe de la corrupción para calmar las aguas? La audiencia de medida de aseguramiento será un punto de inflexión, pero la confianza en el gobierno Petro, ya golpeada por una desaprobación del 60% según Invamer (diciembre 2024), se erosiona aún más. Colombia espera respuestas, pero el eco de los audios en Palacio resuena como una advertencia: la corrupción no distingue colores políticos.