Corte prohíbe planes “WhatsApp gratis”: Bejarano defiende decisión.
El 29 de mayo de 2025, la Corte Constitucional de Colombia prohibió los planes de «WhatsApp gratis», tras una demanda presentada en noviembre de 2021 por Ana Bejarano, abogada del Índice Derechos Digitales, junto a otras ONG. La decisión, que busca garantizar la neutralidad y el acceso equitativo a internet, ha desatado una ola de críticas y desinformación en redes sociales. Bejarano aclaró que el fallo no elimina la gratuidad, sino que prohíbe a las empresas de telefonía decidir qué aplicaciones son gratuitas, y denunció una campaña coordinada en su contra, afirmando que las empresas “explotan a sus clientes cobrándoles lo que tienen en el bolsillo por una versión parcial de internet”.
La demanda, fundamentada en informes de la CIDH sobre la importancia del acceso a internet sin discriminación, se presentó en el contexto de la pandemia, cuando quedó clara la necesidad de un acceso completo a internet. La Corte, tras una audiencia pública en 2022 y tres años y medio de deliberación, dio un año al Estado para regular el acceso a internet, priorizando la neutralidad. Esto implica que las empresas no podrán imponer aplicaciones como WhatsApp como únicas gratuitas, sino que deberán ofrecer opciones equitativas, como permitir a los usuarios elegir o garantizar acceso limitado pero completo a internet tras el fin de un plan, según Bejarano. Sin embargo, la falta de publicación del fallo completo genera incertidumbre sobre su implementación.
En redes sociales, usuarios acusan a Bejarano de beneficiar a Google, que financia su organización, y afectar a los más pobres, quienes dependen de estos planes. Bejarano niega cualquier conflicto ético, asegurando que el financiamiento de Google llegó después de la demanda y no influyó en su litigio. También critica a las empresas de telefonía y a Meta por limitar el acceso a internet bajo la fachada de gratuidad, lo que convierte el acceso completo en un lujo. Este debate refleja tensiones más amplias sobre la neutralidad de internet en Colombia, un principio que busca garantizar igualdad de acceso sin priorizar intereses comerciales, pero que enfrenta resistencia de gigantes tecnológicos.
El caso de Ana Bejarano expone el desafío de equilibrar los derechos digitales con las necesidades de los usuarios en un país donde el acceso a internet sigue siendo desigual. Mientras el MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones tienen un año para implementar el fallo, la desinformación y las críticas en redes sociales dificultan el diálogo.
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