Audios revelan a Racero pidiendo puestos en el Cesar y a Sánchez gestionando contratos en Buga. 130 trabajadores desplazados.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pilar de la educación técnica y profesional en Colombia, enfrenta una crisis sin precedentes debido a acusaciones de corrupción contra dos figuras políticas: David Racero, congresista del Pacto Histórico, y Duvalier Sánchez, representante del Partido Verde. En mayo de 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Racero y el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, por presunta manipulación de cargos en la regional Cesar. Audios divulgados por el periodista Daniel Coronell muestran a Racero solicitando la reubicación de órdenes de prestación de servicios (OPS) previamente ocupadas por miembros del Centro Democrático para beneficiar a su círculo político, incluyendo a su tío, José Luis Mayorca. Esta práctica, según la Procuraduría, podría constituir tráfico de influencias y vulneración de la meritocracia, afectando la calidad educativa y la confianza en la institución.

En paralelo, el sindicato SINDESENA denunció el 24 de mayo una “masacre laboral” en el Centro Agropecuario de Buga, Valle del Cauca, donde alrededor de 130 contratistas serían reemplazados para cumplir con cuotas políticas avaladas por Duvalier Sánchez. Según la denuncia, un comité de verificación en Buga opera como un “aquelarre” que asigna contratos basándose en recomendaciones de políticos locales, como los concejales René Quintero, Jaiver Sarria, Fari Tabares y Yolver Gutiérrez, todos ligados al Partido Verde. Estas prácticas, que ignoran la experiencia y las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores, han sido atribuidas a Duvalier Sánchez y al silencio cómplice de Londoño, también del Partido Verde. SINDESENA calificó estas acciones como una traición al interés público, dañando la calidad de la formación y el prestigio del SENA.

El caso de Racero se agrava con revelaciones adicionales. Audios publicados el 25 de mayo muestran al congresista ofreciendo un empleo en su negocio de frutas y verduras en Bogotá con condiciones laborales precarias: un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales, por 12 horas diarias y un día de descanso semanal. Estas prácticas contradicen la reforma laboral que Racero defiende en el Congreso, generando críticas dentro del Pacto Histórico. El senador Wilson Arias, en un video del 25 de mayo, respaldó la investigación, pero exigió “mayor rigor ético” de los líderes de izquierda. Por su parte, el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, anunció el 26 de mayo que solicitará al Ministerio del Trabajo y a la UGPP investigar las condiciones laborales en el negocio de Racero, así como posibles irregularidades en los aportes a la seguridad social.

La crisis del SENA refleja un problema más amplio de confianza pública, ambos incidentes destacan cómo la falta de transparencia erosiona la credibilidad de las instituciones. En Colombia, el impacto es más grave: el SENA, que capacita anualmente a más de 7 millones de aprendices y emplea a miles de contratistas, enfrenta un riesgo de descrédito que podría afectar su misión de formar profesionales competentes. La Procuraduría ha ordenado pruebas para esclarecer los hechos.